El dedo, la luna y la necedad corporativa

Dardo Gómez*

“Cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo”. La máxima es de Confucio y bien conocida, pero parece que poco comprendida por el colectivo periodístico español. A riesgo de resultar pedante, lo explico: no es necesario que el dedo sea de un sabio; en realidad, no importa de quién es el dedo. Basta con que la luna esté allí y solo a los necios les importa quién es el dueño del dedo. Lo importante es la evidente, innegable y soberbia existencia del astro.

Entre las penurias sociales que conviven en el espacio español la

Pedro José Ramírez, Luis María Anson y Luis del Olmo.

corrupción informativa es tan evidente e innegable como la luna de Confucio y solo la necedad corporativa de ciertos informadores profesionalistas y de sus organizaciones lleva a negarlo o a perseguir a los que señalan esa corrupción.

Este mal está tan extendido entre nosotros que no solo afecta a las grandes corporaciones privadas de la comunicación; desde el Cantábrico al Mediterráneo, salvo la honrosa excepción de la barcelonesa Betevé, la totalidad los espacios de noticias de nuestros medios públicos son un alarde de prevaricación informativa.

Es de perogrullo que no hay corrupción sin corruptos y que estos no existirían sin sus necesarios corruptores; lo cual hace evidente que detrás de ellos hay una necesaria trama, complot o banda de compinchados para sacarla adelante.

La trama de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI), más conocida como el “sindicato del crimen”, fue creada en 1993 por notables periodistas con el único objetivo de hacer cierto el “váyase señor González” de Aznar. 

Ente los complotados figuraban nombres como los de Luis María Anson, Pablo Sebastián, Luis del Olmo, Pedro J. Ramírez, José Luis Balbín, Manuel Martín Ferrand, Antonio Burgos, Antonio Herrero, José Luis Gutiérrez, Julio Cerón, José María García, Federico Jiménez Losantos, Camilo José Cela, Antonio Gala, Francisco Umbral, José Luis Martín Prieto, Antonio García-Trevijano, Raúl del Pozo y Julián Lago. Lo mejor de cada casa.

También las cloacas mediáticas de Jorge Fernández Díaz, cuando era ministro y lanzó su campaña para desacreditar a los líderes del independentismo catalán, pasaban por las redacciones dirigidas por periodistas afectos. En las conversaciones telefónicas filtradas del exministro con el exdirector de la Oficina Antifraude catalana aparecen, entre esos afectos, Casimiro García Abadillo, Bieito Rubido, Pedro J. Ramírez, Eduardo Inda... Ninguno de los nombrados ha negado su implicación.

Organizaciones para delinquir

La necesidad de la trama se aprecia con total claridad en el 'caso News Corporation' de Rupert Murdoch en Reino Unido; allí se compincharon medios, policías, políticos y, claro está, periodistas de confianza del editor australiano.

Todo está puesto negro sobre blanco en los miles de folios del informe Levenson que terminó “decretando” que no había forma de recuperar la decencia en el periodismo británico si no se profundizaba en las raíces de la corrupción informativa; para lo cual consideraba imprescindible la regulación de los medios con una autoridad oficial independiente que gestionara las malas praxis y las denuncias de las “víctimas de la prensa”, como se les denominó. 

Esto no ha llegado ante las fuertes presiones de los editores y de los políticos conservadores que quieren hacer creer que eso iría contra la libertad de prensa. Mientras tanto, varios policías y periodistas han ido a prisión y Murdoch tuvo que pagar gruesas indemnizaciones.

Ante la demora en la continuidad de la investigación que requería el informe del juez Brian Levenson, designado por mandato real, la movilización ciudadana ha creado dos organizaciones que luchan por una prensa al servicio de la información: HackedOff y Media Reform Coalition; esta última organiza un festival anual dedicado a debatir sobre la democracia en los medios.

Ambas cuentan con el apoyo del sindicato de periodistas británico, que ha sido pieza de la investigación Levenson como testigo “preferente”; ya que la National Union Journalist (NUJ) había denunciado en más de una vez la corrupción en los medios de británicos ante la Comisión de Quejas de Prensa (PCC), un organismo creado por los dueños de los periódicos para su autorregulación. Las denuncias de la National Union Journalist fueron reiteradamente archivadas por los corruptos reguladores de la patronal.

Las críticas de las tres organizaciones a medios e informadores son durísimas; pero a nadie se le ocurre que sean ataques a la libertad de prensa.

Historias paralelas y divergentes (I) 

La primera parte de esta historieta británica es similar a la del “sindicato del crimen” de Anson & Co. o la de las cloacas mediáticas de Fernández Díaz cuando era ministro, pero allí se acaban las similitudes con la corrupción informativa española.

Aquí no hay comisión investigadora independiente que destripe la porquería y la versión española de las acciones de la NUJ son el torpe disparate de los dueños de los medios, de organizaciones profesionales y de informadores que sostienen que esas denuncias (con nombre y apellido) son un ataque a la prensa y a la libertad de expresión.

Por supuesto, todos ellos vuelve a invocar la “libertad de prensa” --nunca ejercida por los grandes medios españoles-- y se desconoce, no sé si por ignorancia o por mezquindad, las exigencias para la opinión expresada que señala el Código Deontológico Europeo del Periodismo promulgado hace ya veintisiete años por el Consejo de Europa: “Si bien es cierto que en la expresión de opiniones por ser subjetivas, no debe ni es posible exigirse la veracidad, sin embargo se debe exigir que la emisión de opiniones se realice desde planteamientos honestos y éticos. La opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de personas o instituciones no debe intentar negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos”.

Ni caso...

Historias paralelas y divergentes (II) 

También en Buenos Aires se está viviendo la tontería del negacionismo de la derecha y de la ultraderecha que, como aquí, se confunden en sus intenciones y con el mismo empeño desprecian a los inmigrantes o deliran sobre que la pandemia está siendo aprovechada por los gobiernos progresistas para implantar el comunismo y liquidar las libertades. Por ejemplo, instan a no cumplir el confinamiento o no utilizar las mascarillas sanitarias; además, niegan la existencia del Covid-19 y todo lo atribuyen a un complot del pertinaz comunismo chino.

También en las riberas del Río de la Plata hay tertulianos y presentadores que dan certificado de calidad a estos despropósitos y llevan a estos iluminados a sus programas o les han ayudado a publicar sus afirmaciones. Bajo el torpe pretexto de la “pluralidad”, claro está.

Como la Administración argentina los ha descalificado e incluso advertido de que puede iniciar acciones judiciales por el calibre de algunas afirmaciones difundidas ha despertado, allí también, el mantra del ataque a la “libertad de expresión”.

En realidad, lo que no existe –para medios e informadores- es la libertad de mentir, el derecho a conspirar contra la salud de las personas u organizar campañas de los medios con el fin de acabar con un político. Esto último también lo señala el Código Deontológico Europeo del Periodismo.

Esta historieta paralela a la española se ha hecho divergente el pasado 10 de julio, cuando más de mil profesionales de los medios de comunicación argentinos se han posicionado ante la ciudadanía y ante sus medios y han señalado en un comunicado que “las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un ataque a la libertad de expresión”.

Estos profesionales han pagado de su bolsillo un anuncio de página para difundirlo con la firma de cada uno ellos en distintos periódicos. En él, también afirman: “En el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo". 

"Entendemos que la defensa de la libertad de expresión tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad a informarse. Y entendemos a esa libertad de expresión como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad". 

"Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia”. 

Nuestras trincheras pestilentes

Me ha dado envidia leer a estos compañeros argentinos; me hubiera gustado acompañarlos con mi firma; como también me hubiera gustado jalear a la secretaria general de la NUJ cuando salía de la Comisión Leveson tras dar testimonio de las perversas actuaciones de sus colegas periodistas de 'The Sun', 'The Times' o 'The Sunday Times' contribuyendo a sus condenas.

Envidia sana, pero envidia al fin, alimentada por tantas conversaciones en las barras donde los colegas, tras comentar los pequeños asesinatos diarios al derecho a la información se resistían a admitir que estábamos en una pendiente de difícil retorno. 

Podíamos haber asumido la opción de denunciar de forma pública que nuestros patronos, desde la trinchera en la que habían decidido militar por ideología o por favores, estaban subastando la buena fe de sus lectores y vulnerando su derecho a estar informados, hasta donde nosotros se lo pudimos satisfacer.

No sé si aún estamos a tiempo o ya toca decir “el periodismo solo se murió y entre todos lo matamos”.

*Dardo Gómez es expresidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y exsecretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)