 |
| Protesta de representants de les productores audiovisuals davant del Congrés dels Diputats, el maig passat |
Dardo Gómez
"En un alarde de desvergüenza se ha aprobado la venta de un derecho ciudadano a las grandes empresas. Quienes votaron a favor o se abstuvieron, han demostrado su profundo desinterés por la comunicación libre y utilizan sus escaños para esconder su profundo desprecio a la democracia real mientras nos hunden en la inmundicia".
Esto lo escribí en abril de 2021 y así se publicó en nuestra revista 'El Observador': “Si alguien había pensado que se abría una puerta para introducir mejoras que habrán de rescatar el derecho a la información de la ciudadanía ya puede olvidarlo. Nada de eso ocurrirá, y otra vez ganarán los malos”. Hablaba de la anunciada reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de España, con la cual en 2010 nos había castigado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la bendición de casi todos nuestros legisladores, que votaban sin oler la mierda. También entonces hubo quien votó tapándose las narices, y conservó su escaño.
Con ese regalo el PSOE mostraba su buena voluntad hacía las patronales del audiovisual español. Sin embargo, quedaron algunos flecos que no aseguraban la total venta del derecho a la información de la ciudadanía a los accionistas de esos medios. El PP, cuando llegó al Gobierno, se ocupó de echar más mierda a la ya puesta por Zapatero y Rajoy, al enmendar a la CNMV, consagró la concentración de medios, que dejó la televisión privada en manos de dos grandes corporaciones, y facultó a las televisiones públicas para que pudieran externalizar la casi totalidad de sus producciones. Todo una pura vergüenza.
La historia de un fraude múltiple anunciado
Esa infamia ya tenía antecedentes, la degradación de RTVE fue uno de ellas y ejecutada por el mismo Zapatero desde el momento en que anunció, tras ganar las elecciones del 14-M, que crearía un comité de sabios: el Consejo Independiente de Reforma de los Medios Públicos de Comunicación. El objetivo enunciado era que estos sabios diseñarían un modelo de medios públicos "independientes en defensa de la cultura, del idioma, de la protección a la infancia y como instrumento para transmitir valores cívicos".
Rubricó el falsario que "salga la propuesta que salga" la aceptaría "de principio a fin", y para hacernos picar designó a gente sin tacha para esa tarea. Les refresco la memoria: los académicos Fernando Lázaro Carreter y Emilio Lledó, Fernando Savater, más los catedráticos Victoria Camps y Enrique Bustamante. Éste último ha sido reconocido como el mayor experto español en medios públicos modernos y democráticos.
¿Dónde estaba la trampa? Pues que meses después y cuando ya el trabajo estaba lanzado el ejecutivo introdujo un 'topo' que había de satisfacer las intenciones de la patronal: Fernando González Urbaneja, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Este personaje sirvió a Zapatero para fines similares por lo menos dos veces.
En unas jornadas parlamentarias, organizadas por el Grupo Socialista antes de llegar al poder, prometió --junto a la apertura de RTVE que nos ocupa-- la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional. No se desdijo, pero utilizó las malas artes de González Urbaneja que primero decapitó al secretario general de la FAPE, José María Torre Cervigón, para retirar a su organización del Foro de Organizaciones de Periodistas, que había acuñado el proyecto, y dar la excusa al PSOE de que el estatuto no era viable sin la unidad de los periodistas. Aguas podridas...
Cuando en febrero de 2005, a nueve meses de su designación, los 'sabios' entregaron su brillante informe sobre los medios públicos a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, éste iba acompañado del “voto particular” de González Urbaneja.
En su engendro, este personaje motivaba su voto discrepante en sus diferencias con el resto del consejo y señalaba que el informe presentado por ellos "se atasca en una visión quietista de la actual estructura y de la oferta de RTVE, [...] reinventa el mismo modelo, aliviándole de la deuda engendrada durante estos años", y centraba su alegato no en asegurar el derecho a la información, sino en las mismas razones económico-financieras que defendía a la patronal del audiovisual.
Los sociatas aplicaron el 'plan Urbaneja'... ¿Alguien lo dudaba?
Doce años después, más de lo mismo
No ha sido mucha la ciudadanía española que estaba al tanto de que el Gobierno estaba trabajando, desde hace más de un año, en la reforma de esa miserable Ley General de la Comunicación Audiovisual de España de 2010.
El pretexto para meterle mano a ésta norma fue que el Parlamento y el Consejo europeos venían instando a España, desde hace cuatro años, que la adaptara a los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo de la comunicación; normas que, no hay que engañarse, refuerzan las posiciones de las empresas privadas en todos los países europeos.
Pero nosotros partíamos en desventaja para esta reforma, ya que estamos en un escalón bastante más bajo. Países como Francia, Alemania o Portugal disponen de normas del audiovisual que blindan sus medios públicos, que garantizan la existencia de los medios comunitarios y participativos y disponen de consejos del audiovisual que --en alguna medida-- facilitan el ejercicio del derecho a la comunicación de sus ciudadanías.
Aquí estamos en bragas, vendidos a las corporaciones y, además, la inmensa mayoría de nuestros legisladores son analfabetos en la materia y los que saben algo están al servicio de las multinacionales. Los pocos decentes han votado en contra de esta reforma que se prometió abierta a admitir las propuestas necesarias para corregir los errores de la ley y democratizarla.
Se hizo el paripé de solicitar enmiendas cuando sabían bien que si se movía algo debía de ser para privarnos de más derechos, pero todas las organizaciones sociales sensibles por el derecho a comunicación presentaron sus propuestas, aunque de puertas adentro todas sabían que eso era una farsa.
Algunos diputados mostraron gran sensibilidad por la protección de las lenguas cooficiales como los catalanes de Junts y PdeCat y dieron la batalla por esto, pero no mostraron ningún otro perfil progre, y fieles a sus amos votaron a favor de esta inmundicia.
Lo cierto es que todos los que votaron a favor o se abstuvieron han llevado esta farsa vergonzante hasta el final, y han sacado adelante una supuesta adecuación a las normativas europeas. Quienes pensamos que esa demanda de enmiendas era una farsa no nos hemos equivocado; sin embargo, tampoco hemos pecado de ingenuos.
Era necesario presentarlas para que quedara acreditado cuáles eran las normas imprescindibles para dotar a nuestra sociedad de un sistema de comunicación democrático y para que ninguno de los corruptos que lo han evitado pueda alegar ignorancia ante su felonía. Y sus nietos puedan averiguar cuál era la ética de sus abuelos.
Todo ha sido para peor
Si hoy todo esta peor en la comunicación española, tanto en la pública como en la privada; se comprueba fácilmente recorriendo el articulado de la nueva ley y comparándolo con la reformada. Veamos algunas de esas “reformas”:
Contra lo que señala el espíritu de la norma europea queda bendecido en España que dos empresas se repartan el 80% del mercado y puedan deformar la cultura y la información de los españoles con los contenidos que ellas deciden. Estos, claro, son y serán lo que les den mayores beneficios y no son los económicos los más peligrosos.
La vieja lógica democrática de que se debería establecer un reparto equitativo por tercios de las licencias entre el servicio público de comunicación, los audiovisuales comerciales y las iniciativas sociales, no está ni se le espera.
En 2000 el Consejo de Europa recomendó a todos los Gobiernos del continente la creación de un organismo regulador, si ya no lo tenían; y en 2004 manifestó en un informe que era imperativo y urgente la creación de una autoridad del audiovisual “con una composición y funcionamiento independientes, y potestades que garantizasen su autoridad sobre todos los operadores del sector audiovisual”. Pues bien, España seguirá siendo la excepción en Europa.
Eso sí, se mantiene el modelo introducido, en su momento, por el Consejo de Ministros de Rajoy, que permite la privatización de servicios esenciales como los informativos en los medios de comunicación públicos e incluso hace permisible la eliminación del servicio público audiovisual en las autonomías. La privatización de estos servicios es la forma más eficiente para que el partido de turno decrete cómo se debe respirar en ellos.
Es reconocido por todos los entendidos en el tema que para romper la dictadura cultural en el audiovisual es fundamental contar con productoras independientes que rompan el corsé que imponen las multinacionales del sector y, además, que esa independencia sea protegida por la Administración. La cosa no estaba muy allá, porque las ayudas de la Administración eran paupérrimas, pero era distinguible qué era una productora independiente frente a los monstruos de las multinacionales que han creado productoras satélites para que, en fraude de ley, puedan acceder a las ayudas públicas.
Ahora, se ha facilitado el fraude con un nuevo redactado confuso que considera productora independiente a la que “no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual [...] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador [antes decía de un prestador] del servicio de comunicación audiovisual”. Es decir, que con este nuevo engendro cualquiera de las empresas que disponen del 80% del sector español, pueden crear un chiringuito exclusivo para ellos y poner la mano. Todas las asociaciones del sector lo han denunciado.
Nuevamente, los medios comunitarios y participativos son los grandes olvidados y deberán seguir esperando aquella regulación de sus servicios que está prevista en la ley desde 2010 y que administraciones autonómicas como la catalana siguen pateando fuera del campo con la mentira de que no tienen competencias para hacerlo. Falso de toda falsedad...
El capítulo de las perversiones introducidas o de las mejoras “olvidadas” es más largo pero, para no revolver más en esta llaga de nuestra democracia, sólo digamos que este engendro que ofende la inteligencia omite de forma expresa (valga la licencia) la definición de misión de servicio público para todos los prestadores, tanto públicos como privados, que garantice el pluralismo, la responsabilidad editorial y la libertad de expresión y, claro, no se asegura la financiación estable de las empresas de servicio público, incluyendo la Agencia Efe. En fin...
Hundidos en la mierda más arriba del cuello
Una ley del audiovisual afecta a múltiples sectores industriales y comerciales esenciales para la información, la difusión de la cultura global y también de las regionales y locales. Además, afecta a la libertad de expresión de toda la ciudadanía y a cada uno de sus integrantes que quieren ejercer de forma individual o colectiva su derecho a la comunicación.
Estos derechos tienen pocas posibilidades de sobrevivir cuando se deja en manos de las grandes multinacionales de la comunicación todos los resortes para imponer sus mensajes y contenidos --de todo tipo-- y se deja abandonada y a su triste suerte a la ciudadanía, para que los primeros la intoxiquen de la manera que más les convenga.
Los que nos han vendido están allí, en el Congreso de los Diputados; llamen por sus nombres a los que nos han dejado inermes ante la codicia y ante los intereses mezquinos de las grandes empresas de la comunicación.
Pero, han hecho más y más grave; han narcotizado a la mayor parte de la ciudadanía para que desconozcan los valores de su derecho a la información y a la comunicación y lo han hecho para que no puedan reconocer la inmundicia en que nos han hundido estos diputados traidores a los derechos humanos.
No sé cómo se puede salir de esta mierda pero, por favor, no hagan ola.
Artículo publicado en la revista 'El Observador'.
No hay comentarios:
Publicar un comentario