 |
| La actual junta directiva de la FAPE. De izquierda a derecha, Francisco Javier Galán (tesorero), Esther Aniento (vocal), Noa de la Torre (vicepresidenta tercera), Lola Gallardo (vocal), Miguel Ángel Noceda (presidente), Aurelio Martín (vicepresidente primero), Carolina Fernández (vicepresidenta segunda), María Jesús Chao (vicesecretaria general) y Luis Menéndez (vocal). Faltan en la imagen Amancio Fernández (secretario general) y Ana Isabel Díez (vocal). |
Dardo Gómez
“Perro no come carne de perro” es una máxima cobarde que desde hace años se ha hecho carne en el periodismo y que pretende que existe el deber de no comentar ni criticar las indecencias de informadores y empresas de medios. Es decir que la obligación de unos y otros no es con la ciudadanía, que es la auténtica propietaria de ella, sino con los 'coleguis' y las empresas que nos pagan. Por lo que se aconseja guardar silencio y mirar para otro lado aunque el infractor se esté cargando la dignidad de los que se dedican a esa actividad.
Esta actitud casi mafiosa ha estado muy vinculada a los medios en papel en los que, por ejemplo, los críticos de arte o del espectáculo solían escribir con saña de los trabajadores intelectuales, pero no admitían que eso se le reprochara. Aunque, muchas veces, todos supieran que había inquina personal en esas críticas; ya entonces a esto le llamaban libertad de prensa.
Lo cierto es que gran parte de los trabajadores que ejercen la labor de informar en los más diversos medios han venido comulgando con este mandamiento que obedece a una confusión dominante entre ellos. Un equívoco que les hace presumir que son colegas fraternales o hermanos gemelos de todo juntaletras por el mero hecho de trabajar de lo mismo. Esto muy negativo en lo individual y adquiere niveles de escándalo y prevaricación cuando son las organizaciones de periodistas las que caen en la misma confusión.
No es la primera vez que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y su seguidora la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que siempre se ve obligada a echarle un capote en sus desatinos, se aferra a esto de que “perro no come carne de perro”. Esta vez ha sido una nueva vuelta de tuerca a su espiral de enfrentamientos con Pablo Iglesias, el líder del movimiento Podemos.
Vaya por delante, y ya lo he dicho más de una vez, que las críticas a los políticos, hasta las más acervas e insultantes, creo que les van en el sueldo. Sin embargo, creo que no es lo mismo criticar que mentir ni opinar que tergiversar los hechos; tal como señala el Código Europeo del Periodismo del Consejo de Europa.
Con el mismo criterio creo que los periodistas, o parecidos, que se meten en el barro inmundo de las trincheras mediáticas no tienen derecho a enfadarse cuando ese barro los mancha, y mucho menos, a reclamar contra el derecho del criticado a defenserse o a sacarle las vergüenzas a quienes los insultan.
Admitamos que el habitual tono del líder de la formación morada no suele ser amistoso; eso me lleva también a reconocer que pocas veces he visto a los cómplices del “sindicato del crimen” actuar con tanta saña y, peor aún, trabajar con sólido estajanovismo en la generación de mentiras contra él y su formación. Digo mentiras no porque yo las haya investigado sino porque los jueces así lo han certificado. Debo aclara que estos embustes “profesionales” nunca fueron dignos de ser criticados por los directivos de la APM ni de su compañera de viaje; aunque algunos de esos corruptos sean su socios y hasta hayan ocupado cargos directivos en ellas.
El derecho a la legítima defensa de la información
Nunca he leído comunicado de estas organizaciones en defensa del político vejado, ni del futbolista zaherido, ni de la actriz que no puede preservar su intimidad, ni de la madre ultrajada en el sepelio de su hija, ni de las mujeres ofendidas por titulares machistas, ni de personas LGTBI+ difamadas. Tampoco he oído que alzaran su voz ante los ataques de odio hacía migrantes y otros colectivos que destilan algunos medios en sus titulares.
Señala la APM/FAPE que “la libertad de expresión a la que tienen derecho tanto los periodistas como los partidos políticos o cualquier ciudadano no puede convertirse en un instrumento para tratar de intimidar a los profesionales de la información e intentar que se autocensuren para evitar verse señalados”. Les ha faltado agregar, seguramente por descuido o prisas, que la libertad de expresión tampoco ampara la mentira ni la manipulación de imágenes, ni el recorte de entrevistas para quitar las respuestas del contexto necesario para su interpretación correcta. Como tampoco ampara esa libertad tratar de destruir la reputación de una persona insistiendo en hechos falsos cuya falsedad ha sido repetidamente demostrada.
Lo que parece que irrita o conmueve con singular importancia a estos tartufos es que Pablo Iglesias se haya atrevido a mencionar a ciertos prevaricadores de la información, algunos de ellos confesos, por sus nombres y apellidos. Miren por donde, yo no sólo lo he hecho más de una vez sino que he instado a que se haga de forma habitual para que no queden sus maldades amparadas en el anonimato. Yo comparto con un apreciado amigo, también periodista, que recomienda que cuando uno comprueba que alguien es un hijo de puta debe cumplir con la función sanitaria de prevenir a otros de su existencia y de los manejos del canalla.
Por el contrario, lo que proponen la APM y la FAPE es que todos ignoremos la existencia de estas y estos canallas y que evitemos identificarlos; es decir que hagamos lo conveniente para mantener a la ciudadanía inerte ante el vandalismo informativo.
El derecho social a defender la democracia
En momentos en que esto escribo, en un tribunal de justicia de Estados Unidos, la cadena Fox News ha debido atender la demanda por mentir que le había presentado la empresa responsable del recuento de votos en la última elección que le costó la presidencia a Donald Trump. El magnate de la comunicación Rupert Murdoch puso su cadena al pie de los delirios del exmandatario y hizo que presentadores estrella como Tucker Carlson afirmaran en la noche electoral, y en los días siguientes, de forma reiterada, que la contabilidad de los votos no era fiable.
Para sostener esta temeridad ante el tribunal, Fox News no presentó prueba alguna. Sólo alegó que sus periodistas sabían que parte de la ciudadanía tenía dudas legítimas sobre la integridad del recuento y que actuaron amparados por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión y de prensa.
El juez dijo que si no podían probar la veracidad de esa información esos derechos no los amparaban, y mandó al patrón y a sus subordinados al banquillo. Para evitar esa vergüenza y que quedara registrada la campaña de noticias falsas la Fox ha tenido que pagar al demandante unos 717 millones de euros para que retirara la acusación.
Resta decir que mentiras de este tipo y calibre han sido lanzadas por varios medios españoles, que la siguen usando a diario y que hacen de ellas campaña. ¿Recuerdan los dudas diarias sobre la autoría de los atentados de Atocha? También recuerdo las nunca probadas contribuciones de Venezuela e Irán a las campañas de Podemos para las que se fabricaron y publicaron facturas cuya falsedad se demostró. Otro caso de demostrada falsedad fueron los supuestos depósitos bancarios en Andorra del exalcalde de Barcelona Xavier Trías. Podría seguir, pero solo agrego que en ninguno de esos casos el dúo de asociaciones profesionalistas mostraron preocupación por la salud psíquica de los difamados.
Van a tener que aceitar la máquina de comunicados
El pasado febrero publiqué en esta columna como los ciudadanos británicos desde hace unos años se han organizado en asociaciones para defenderse de los prevaricadores de la información y pedir justicia por los daños que causan a la ciudadanía los medios corruptos.
Con satisfacción me he enterado que también en España han empezado hacerlo. Por lo menos, existe ya entre nosotros una agrupación que quiere poner fin a sus desmanes. Se trata de la Asociación de Víctimas y Afectados por Noticias Falsas (AVANF), y una de sus primeras reivindicaciones es que alguna autoridad vigile la difusión de las noticias falsas y señalan: La ausencia de una legislación apropiada a esta nueva realidad derivada del uso de las 'fake news' desde la impunidad es algo nuevo en la sociedad de la información y en este país y también en la Unión Europea se está llegando muy tarde en la defensa de los derechos constitucionales de las personas frente a las grandes corporaciones propietarias de los medios de comunicación corporativos.
Ya han realizado una primera jornada formativa en Madrid y ofrece a los afectados apoyo psicológico y asesoramiento jurídico; si alguno de vosotros quiere visitar su web, aquí la tienen: https://avanf.org/editorial-avanf/.
Por las ganas que demuestran creo que darán faena a las asociaciones dedicadas a difundir comunicados vacíos en defensa de los peores de nuestra profesión, personas que, como señala el periodista Juan Tortosa, provocan vergüenza ajena a los profesionales honestos y recuerda a estas asociaciones profesionalistas que “tal y como anda el panorama de la comunicación en España en los últimos años, ni con insultos, intimidaciones o apelaciones a la contención vamos a conseguir ganarnos el respeto de nadie, si es que aún nos queda el de alguien”.