21 ene 2013

Colaboradora wins

Alba Muñoz
Después de siete meses intentando clarificar cómo los periodistas 'freelance' podemos ser precarios de forma legal y no deficitaria, y que la Seguridad Social no nos persiga (como hace también con los vendedores ambulantes) por no estar dados de alta en el régimen de autónomos (dado que pagar más de 250 euros mensuales haría que nuestras migajas laborales no tuvieran ni siquiera sentido alguno, pues en muchas ocasiones no llegamos a esos ingresos cada mes), he obtenido una respuesta.

Antes de desvelarla, quiero aclarar dos cosas:

1.- Los periodistas que estamos fuera de la industria, golpeados por la crisis económica y de sentido de nuestra profesión, y que sobrevivimos como “colaboradores”, somos triplemente vapuleados. ¿Por qué? Porque nuestros clientes (grandes grupos de comunicación que han rebajado lo que pagan por artículo hasta cifras vergonzosas, pero que se nutren de forma regular del trabajo miles de colaboradores) exigen factura, exigen legalidad cuando ellos ni siquiera nos contratan después de años de servicio fiel.

Como amantes maniatados, nuestra existencia les beneficia muchísimo: salimos baratos (no pagan por nosotros), siguen siendo nuestros jefes (nos mandan) y además ellos ponen el precio, y “como las lentejas”. Como nuestros clientes son estas grandes empresas que, claro está, presentan sus cifras a la Administración como los deberes intachables, nosotros NO PODEMOS BENEFICIARNOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

2.- Llevo siete meses llamando a la Administración, haciendo consultas formales por internet, yendo a sedes de Hacienda y de la Seguridad Social para que me aclarasen un agujero legal que podía suponer la salvación de esas migajas laborales: según lo que se desprende de la documentación presentada por bufete de abogados Denver, presente en la
sesión sobre fiscalidad para freelances que el Colegio de Periodistas de Catalunya organizó hace unos meses, si no se llega de media al salario mínimo interprofesional anual solo tienes que darte de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas, y siempre en el caso de que las colaboraciones sean tu único sustento y no tengas contratos laborales), y por lo tanto seguir pagando el 21% del IRPF en tus facturas. Pero NO es necesario darse de alta en autónomos (cosa que, por otra parte, no estaría mal, pues algunas llevamos muchos años sin cotizar a costa de la explotación empresarial). Es absolutamente increíble la opacidad, el desprecio y el tratamiento paternalista que los funcionarios que me han desatendido han llevado a cabo durante todo este tiempo. Sí, estoy informada. Sí, me conozco la ley.

Es asqueroso. Es violencia brutal contra personas explotadas y estafadas por el sistema que, encima, tratan de hacer su lamentable vida laboral lo más legal posible, asumiendo que nunca tendrán una jubilación.

Llegué a la conclusión, por las evasivas constantes de estos profesionales, de que lo que les pedía era como apelar que el cuerpo de policía (Seguridad Social) reconociera que no perseguiría crímenes menores y con escasa claridad en la ley. “Nosotros no podemos decirte eso”, aunque sabían, eso pensaba, que su persecución era altamente improbable. Y aunque de ello dependiera el hilo de esperanza de millones de periodistas y profesionales liberales en la mierda como yo. Tenía miedo a que, dándome de alta en el IAE, la Seguridad Social me multara por no ser autónoma y ello provocara mi exilio inmediato.

Pero insistí. Quería que algún intendente de la Seguridad Social me dijera que sí, que había ese vacío legal, que podía andar tranquila. Y hoy lo he conseguido. Una funcionaria estupenda, celestial, me ha escuchado y me ha confirmado esta información. Le he dado las gracias, emocionada, y ha reconocido que “no les gusta hablar de esto” (porque la legalidad no está clara y muchos funcionarios eligen barrer para casa por si acaso), que los autónomos llevan mucho tiempo luchando para que el concepto de “habitualidad” en el estatuto se modifique, pero que, hasta ahora, la definición de lo que es un trabajador autónomo en la legislación española es la misma, a este respecto, que la de 1970.

[Es importante que si --felizmente-- esperas cobrar más del salario mínimo interprofesional en un mes determinado intentes distribuir tus facturas en otros meses menos productivos para que no te aviste el faro de la muerte]

Aunque seguramente me quede poco tiempo aquí, estoy contenta por haber ganado esta batalla informativa al cíclope burocrático esclavizador que el Estado español sigue alimentando para que muerda los tobillos al mundo actual.



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