Dardo Gómez
Hace un año que la Unión Europea mostró su primera preocupación seria por la situación de los estudiantes que realizan prácticas laborales y por los llamados “becarios” que realizan esas mismas prácticas. El Parlamento Europeo trató este tema en uno de sus plenos y aprobó por 580 votos a favor, 57 en contra y 55 abstenciones una resolución en la que considera que “la no remuneración de los períodos de prácticas como una forma de explotación de trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos”.
Es decir que, por pasiva, ha dado un duro varapalo al Estado
español, a sus universidades en general y a todos los empresarios de nuestro país que a lo largo de años han fomentado y se han aprovechado de la explotación a esos jóvenes y han violado algunos de sus derechos fundamentales.
Algunos podríamos recordar que los sindicatos de periodistas ya a principios de la década de 1990 reclamaban contra esta forma instituida de explotación que, por entonces, se daba de manera muy especial en el sector de la comunicación. Recuerdo que en un evento que se celebró para tratar este tema las ganancias mal habidas por las empresas de medios eran millonarias. Hoy es una explotación extendida a todos los sectores, y dada la inquietud manifestada por el CE, parece que a toda Europa. No hay datos de cómo ha seguido esta estafa en nuestro país. De hecho --no me pregunten por qué--, carecemos de una base de datos que permita establecer el monto de lo que están defraudando las empresas al fisco y a la Seguridad Social y cuántos han sido los defraudados a lo largo del tiempo, pero un cálculo tentativo de la central sindical Comisiones Obreras habla de 500.000 al año. Por su parte, según datos oficiales de la Inspección de Trabajo, desde 2020 su trabajo ha permitido aflorar más de 3.000 empleos desempeñados por “falsos becarios”.
Ante este panorama y por fin, la ministra Yolanda Díaz lleva meses empeñada en conseguir una ley de Estatuto del Becario que dé respuesta a lo que reclama la Comisión Europea para todos los estados miembros: elaborar una estructura jurídica común y que ésta ampare una remuneración justa para los periodos de prácticas y aprendizaje y que se respete el principio de que todo trabajo debe ser pagado.
Los eurodiputados exigen a la Comisión y a los Estados miembros que actualicen sus condiciones laborales, su régimen legislativo y que elaboren una premisa laboral que “desarrolle un sistema laboral y económico justo durante el tiempo de formación” de los futuros profesionales.
Prácticas introductorias a la frustración
El proyecto que se está tratando de sacar adelante desde el Ministerio de Trabajo español, saltando sobre las trabas que están poniendo CEOE y universidades, parece perseguir esos mismos objetivos y sería interesante que abarcara otro aspecto que los legisladores europeos han destacado en sus debates: la salud mental de los jóvenes.
Dragos Pislaru, presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y eurodiputado de Renew Europe, destaca que la incapacidad de orientar a estos jóvenes hacia un empleo por un sendero de reconocimiento de sus capacidades y que no permita la vulneración de algunos de sus derechos como personas incide de manera muy negativa en su formación ciudadana, pero también en su desarrollo personal.
Todos los especialistas coinciden en que esa etapa de nuestra vida somos especialmente sensibles a las frustraciones que producen las injusticias así como a los engaños y las extorsiones, miserias que la mayoría de los becarios viven o han vivido a diario durante sus estadías en las empresas.
Uno de esos fraudes es la promesa oficial de que se tratan de “prácticas formativas”. He tenido el dudoso privilegio de tener que escuchar cómo decenas de estudiantes de periodismo confesaban no haber aprendido nada en esas prácticas, porque nadie en las empresas se había interesado en darles ninguna formación. Todo se había limitado a sacar esas tareas mecánicas que se desprecian en las redacciones o, en el mejor de los casos, se habían echado meses en una sola sección sin práctica alguna en otras labores del medio.
Ya sé que hay ejemplos que pueden contradecir esta apreciación y que existen “tutores” que sin haber sido liberados de sus tareas han sacrificado tiempo para atender a becarios, pero no se trata de rescatar voluntades aisladas sino de establecer normas y protocolos de estricto cumplimiento que eviten por sistema los abusos. Así como el pago de las horas extraordinarias o las vacaciones no son una cesión graciosa de la empresa, si esta firma un convenio de formación con una facultad no lo puede convertir en un recurso bastardo para ahorrarse salarios sin ser sancionado por fraude.
Los becarios acumulan en las redes y en distintos blogs los ejemplos del desprecio que suelen sufrir en muchas redacciones, las bromas de mal gusto y la prepotencia de la concebida respuesta cuando reclaman por o no aceptan algo que consideran fuera de lugar: "no hace falta que vuelvas mañana..." Sin contar el machismo que ha vulnerado la dignidad de muchas estudiantes en esos espacios laborales.
El desprecio ha llevado al responsable de “relaciones humanas” de algún medio público a excluir a los “becarios” del vale de comedor porque no eran trabajadores. Hay que tener mala uva.
Todos estos maltratos, sí, maltratos, casi nunca son considerados por algún responsable de las universidades ya que ellas, en su inmensa mayoría y sobre todo las privadas, siempre han procurado no enfrentarse a las empresas. Se puede recordar cuando ofrecían las prácticas como banderín de enganche de sus ofertas de enseñanza y cómo impusieron en sus programas que estas prácticas serían obligatorias para obtener la licenciatura correspondiente. Aunque el mango de la sartén no la tienen ya las universidades sino las empresas, algún centro de estudio que se ha negado a enviar estudiantes en los meses de verano --que es cuando más apetecen a las empresas-- fue borrado de entre los proveedores de becarios y reemplazadas por las que se estaban dando bofetadas para ganar ese espacio para su carnaza.
La cantidad de anécdotas sobre las infamias y la perversión en las prácticas laborales podría agotar al lector pero, en esencia, se circunscribe al ejercicio de una explotación pura y dura de la cual los comités de empresa se han opuesto en raras oportunidades; aunque también es cierto que la ley les niega la posibilidad de representar a toda persona ajena a las plantillas. Así tienen a los colaboradores disfrazados de falsos autónomos y siempre excluidos de los convenios de sector y de empresas. Es en los medios públicos donde mejor se han defendido los derechos de los becarios, derechos que gran parte de ellos desconocen y cuyo conocimiento no se han preocupado de transmitirles.
Empresas y universidades de la mano
Volviendo al problema de la salud mental de los jóvenes, los eurodiputados que han sacado adelante la resolución mencionada sobre los becarios hablan de una problemática de urgencia, que habrá de determinar el futuro de la salud laboral de los jóvenes en formación. Ellos dicen que se trata de "una decisión fundamental para el destino económico y político de un país, ya que se trata de formar a jóvenes para el futuro con una base digna y justa, que no viole los derechos fundamentales de los trabajadores, empoderando de esta forma su posición en el sistema".
La periodista Alejandra de la Fuente señala en su libro 'La España precaria' --título que no necesita de mayores explicaciones-- dice sobre este tipo de prácticas que no son negativas en sí y cree que son necesarias para introducir al estudiante en el mundo laboral con garantías pero también coincide en que son dañinas "si se utilizan en fraude pueden serlo para el becario, porque va a estar ocupando un puesto estructural en la empresa y eso le va a afectar a él económica, anímica y mentalmente" y que también afectarán a la estabilidad del mercado de trabajo, es decir al resto de los trabajadores. Como dice De la Fuente, "son puestos que salen a precio de saldo, a 300 euros al mes", ya que nadie en ninguna empresa puede asegurar que esos “becarios” no lo hayan sido ocupando puestos estructurales y por lo mismo distorsionando el mercado a favor de los bajos salarios que quieren imponer los empresarios menos responsables.
El proyecto del Ministerio de Trabajo señala que se trata de llevar a cabo “una regulación sistemática y ordenada de todas las prácticas no laborales que se realicen en las empresas en la que se establezca un catálogo de derechos para las personas beneficiarias, se garantice adecuadamente su finalidad formativa, su debida tutorización y su desarrollo".
Sin embargo, la sanción de este proyecto --que en su formulación es impecable y que tiene mucho que ver con la dignidad de las personas-- no consigue adelantar cuál será su fecha aproximada de sanción. Simplemente porque dos protagonistas esenciales de la explotación ejercida no están de acuerdo con los términos del proyecto. Por supuesto, ya se imaginan ustedes quienes son: patronal y universidades.
A quienes durante decenios explotaron y facilitaron, respectivamente, la explotación de nuestros jóvenes, ahora se les ha puesto la piel muy fina y exigen hacer aportes que no les preocuparon hasta ahora. ¡Vaya canallas!
Artículo publicado originalmente en la revista 'El Observador', de Málaga.
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