Dardo Gómez
Entre los variados patinazos a que nos tienen acostumbrados las propuestas electorales, una de ellas logró una amplia contestación mediática en junio pasado. Se trataba de una propuesta incluida en el programa que el movimiento Sumar estaba elaborando para las pasadas elecciones del 23-J.
El patinazo no tuvo mayor significación en los resultados electorales
y tampoco es que me conmuevan demasiado las indignaciones hipócritas de los dueños de los medios y sus escribidores, ya que suelen ser de corto recorrido y suelen paliarse dentro del espectro corrupto de nuestros medios con publicidad de alguna secretaría, o subvenciones de las administraciones casi nunca justificables.
El caso es que la agrupación liderada por Yolanda Díaz había incluido entre sus propuestas electorales la iniciativa inconsulta e inviable de "expulsión de la carrera periodística” a aquel informador que "manipule y desinforme". Una propuesta precipitada, elaborada por algún desinformado y que fue tachada por los medios y profesionalistas, entre otras tonterías, de inconstitucional.
La propuesta fue inmediatamente retirada del programa de Sumar aduciendo el partido que se habían equivocado de borrador e incluido una propuesta ya desechada por la propia agrupación; aunque quizá debieron desechar al que la propuso por su carencia de cacumen y su escasa información sobre el tema.
Aunque los oportunistas indignados por el tema tampoco andan muy iluminados ya que no había motivo de preocupación. Es obvio que nadie puede expulsar a nadie de un espacio que no existe; estos indignados son los primeros que se alzan contra la regulación de la información y deberían saber que el trabajo de periodista es de libre disposición para cualquier españolito. ¿De qué carrera los van a expulsar?
Te pueden echar del trabajo, pagarte miserias infames, hacerte mentir al dictado, obligarte a horarios abusivos, acosarte sexualmente y un sinfín de putadas... Pero, nada de esto suele indignar a estos indocumentados.
La manipulación y la desinformación de cada día
Tampoco parece que les inquieta ni les irrita la persistente práctica diaria de la desinformación y la manipulación informativa que practican la mayoría de los medios informativos comerciales y públicos españoles. No lo digo sólo yo; estudios de organizaciones a las que no se le puede adjudicar que sean podemitas ni comunistas lo confirman. Una de ellas es Intermón Oxfam que recoge en su informe Barómetro de la información y los discursos de odio frente al migrante de este año que el 21% de nuestra población padece pobreza informativa. Al 67% de los encuestados le preocupa el impacto que tiene la desinformación sobre la vida real, es algo más que un tema incómodo. El 54% de ellos señala que “hay tanta desinformación en la sociedad que yo ya no me creo nada”.
El 85% de estas personas cree que existe una intención deliberada de manipularlas a través de las redes sociales y el 68% apunta que “los perfiles falsos y la manipulación son más frecuentes que la información veraz”.
Este informe de Intermón Oxfam es compartido por el verificador de noticias Maldita.es y la agencia de comunicación Atrevia y se basa en un sondeo realizado entre más de 2.000 personas en todo el territorio español, lo que asegura su solvencia.
Éste no es el único estudio que demuestra que la ciudadanía esta harta de los mentirosos en las redes y en los medios y que reclama que desde alguna instancia legislativa o administrativa alguien haga algo para protegernos de estos terroristas de la información. Por lo mismo, me sigue sorprendiendo que los profesionales de este menester y la mayoría de sus asociaciones, especialmente las profesionalistas, sigan proclamando como hace treinta años que tenemos medios impolutos y que los medios de comunicación con su mera autorregulación se bastan para asegurar a la ciudadanía la idoneidad de sus informaciones.
Esto ya no se lo cree nadie en España ni en Europa ni fuera de ella; la prueba son los varios intentos de regulación que se han estado dando en muchos países; ensayos recomendados por organizaciones como la Unesco o la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y que fracasaron en su intento de instaurar sus soluciones por la acción no siempre digna del profesionalismo periodístico y de las patronales del sector, que llegaron a desestabilizar gobiernos con tal de proteger sus intereses.
Abramos el paraguas de la paciencia porque esta lluvia puede alcanzar virulencia en los próximos meses si se renueva la actual coalición gubernamental en España y si el socio minoritario exige el cumplimiento de las propuestas en materia de comunicación que lleva en su programa. Que para mí son muy tibias.
La libertad de comunicar y recibir información
El artículo 20 de la Constitución preserva los derechos de la ciudadanía a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" y, asimismo, "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
Una proclama muy sabia pero tan ineficaz como el derecho universal a la salud o a la educación en este y otros muchos países; esas palabras se pierden en las garras de la avaricia y la prevaricación informativa si no se hallan respaldadas por una regulación que asegure que esa intención se puede cumplir y que hay un freno para estos “no echables” de la profesión y su perversión mediática.
Como el partido de Yolanda Díaz promete en su programa, es muy posible que vuelva a dar la batalla con este tema. Leo en su programa, que se puede consultar en su web, que exigirá del gobierno que aspira a integrar que vele "por la libertad de expresión, contra el uso fraudulento de la información". Señala que "la libertad de expresión y de comunicación son pilares de la democracia, de manera que necesitamos potenciar la primera y proteger la segunda de usos fraudulentos. En este sentido, proponemos una regulación soft; es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes". Agrega que "también nos parece imprescindible explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas". Y, para proteger la libertad de expresión señala que se debe “revisar los delitos de opinión y de odio, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana". Para lo cual, entiende esta formación que "resulta ineludible abordar la regulación y el control democrático sobre el uso de datos masivos, el control público de algoritmos y la imparable introducción de la Inteligencia Artificial".
Estas propuestas, que me parecen sensatas, este pasado agosto ya han levantado las críticas de algunos medios conservadores; pero se me hace que no se quedara en eso, porque el programa de Sumar tiene más zumo.
Aclaro, ya de paso, que hay colegas que aún no saben diferenciar entre la verdad y lo veraz y pontifican que la verdad es inasible; a estos adoradores de perogrullo hay que decirlos que la veracidad es mensurable. Ésta sólo juzga la intención de decir la verdad y los periodistas pueden demostrar que no tenían intención de mentir demostrando que han contrastado hasta donde podían hacerlo que la información publicada era correcta.
La obligación de recuperar el enterrado CEMA
No se si alguien recordará que existe un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales conocido como CEMA por sus siglas y que fue instaurado por la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Esa que a propuesta del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que, supuestamente, habría de servir para albergar todos los aspectos de los medios de comunicación audiovisuales en una única norma, pero que se hizo al dictado de UTECA, como se llamaba por entonces la patronal de las televisiones privadas.
El CEMA terminó enterrado por el Gobierno de Mariano Rajoy como una secretaría inoperante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque desde hace años las autoridades europeas vienen reclamando su funcionamiento al mismo nivel de los organismos similares existentes en el continente. Pues ya algunos periodistas de confianza de la patronal del sector audiovisual han descubierto que el programa de Sumar en el punto 29 dedicado a Cultura señala: "Aprobación de un Estatuto de la Información y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA). Elaboraremos un Estatuto de la Información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas. Se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector".
Imagino que esta será el próximo frente de ataque, porque ya han comenzado a menearnos la paciencia con que esas atribuciones atentan contra las libertades de la comunicación y que el Estado se excedería en sus funciones. Falso. Cuando apenas pone vallas a los abusos de los propietarios de los medios para proteger el derecho a la información de la ciudadanía.
Hay que recordarle a estos desinformados o estómagos agradecidos que el Comité de Derechos Humanos que en su congreso de julio de 2016 señaló: “El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias y asegurar que su legislación esté plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto, con miras a garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. En particular, debe revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales e impedir la concentración de los medios de comunicación de manera que no menoscaben la diversidad de fuentes y opiniones, como determina la Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión.” (apartado 365).
Uno se pregunta en que mundo de ficción han vivido estos colegas en los últimos decenios; tan irresponsables que se sienten capaces de opinar de cualquier cosa o de mentir sobre otras tantas sin tomarse la molestia de enterarse de datos elementales que afectan directamente al ejercicio de su profesión. Muy lamentable...
Artículo publicado en la revista 'El Observador'.
Por ejemplo: The Nota
ResponderEliminar