Dardo Gómez
El partido en el Gobierno anunció este 17 de julio, en el pleno del Congreso de los Diputados, por boca de Pedro Sánchez, su plan de regeneración democrática donde ocupará un espacio especial lo que yo llamaría “regeneración de los medios”, si tenemos en cuenta que una de las anunciadas novedades será la reforma del reparto de publicidad institucional a los medios. Es decir, ese dinero público que todas las administraciones --desde los ministerios hasta las consejerías autonómicas y consistorios locales-- disponen para informar a la ciudadanía de sus actuaciones ciudadanas.
Esto último es sólo en los papeles, porque es un secreto a voces que![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuzPwP5CHLdlzTyKLvObh0bfgYtKSpQepOMCbGJNDjxn2M3hcztrokqndDYIHn2gMDfKcpkFhxEJA5Y8dsCxoL263ZXp9RD6qUpQ6cKPSQHaP9Vt3JE4b34ijthtru3svUpnbunySFQA-10yCwOHKs85aMUTGjFLvzJfoDQjvL44ZguQk85sONq1s08wpy/w400-h219/pedro-sanchez-ultima-hora-hoy-comparecencia-dimision.jpg) |
Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. |
esos dineros se reparten con probada indecencia para sobornar o extorsionar a los medios. A quien obedece se le da de comer, y los que no, a la indigencia. Aunque es cierto que unos pocos se mantienen en una famélica dignidad, la mayoría de ellos babean por esa publicidad institucional que en algunas autonomías se engrosa con subvenciones antojadizas o contratos tramposos por tareas innecesarias para la comunidad. La revista 'El Observador', en la que colaboro, ha sufrido durante largos años el acoso publicitario de las administraciones y tuvo el coraje de alzarse con la razón en los tribunales.
Esto que parece que pretende la Administración socialista inquieta ya a gran parte de los profesionales de la comunicación y, de hecho, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha dirigido al ministro Bolaños para señalarle que los anuncios del presidente han abierto muchas “expectativas” en las empresas, y “preocupación” en los periodistas por las características que pudieran tener las medidas que se deriven.
Es cierto que esta federación siempre confunde a los empresarios con sus trabajadores en un ejercicio para convencer de que ambos colectivos tienen idénticos intereses; pero creo que, esta vez, lleve alguna razón. Lo digo porque, por ejemplo, ¿qué dispondrá la norma anunciada para medios como 'El Debate', 'The Objective', EsRadio, 'Libertad Digital' u 'OKDiario', que no tienen más sustento que la sopa boba administrativa ni más objetivo que ser los voceros de quienes se la dan?
Aquí se podrían incluir una porrada de escuálidos medios locales, que hace rato renunciaron a hacer información, pero que no sobrevivirían sin ese caldo. Entiendo que sus trabajadores estén preocupados, porque la mayoría de ellos sólo se ganan la vida como pueden y no participan de las miserias morales de sus patrones. Es cierto que también hay algunos cretinos sueltos, pero de esos no me ocupo.
Pretender ser justo es un hueso duro; aunque esta vez el presidente tiene una percha de la cual columpiarse. Dignificar y dar transparencia a la publicidad institucional no es una ocurrencia de Pedro Sánchez sino una obligación de Estado que viene impuesta por el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios, ya sancionado y que debe estar en plena vigencia en agosto de 2025. Estas cosas de enjundia no suelen prosperar en los partidos históricos de nuestro parlamento y menos si pueden pisar los callos de las grandes empresas de medios, pero, por suerte, está Europa.
No es sólo la mordida institucional
Aunque algunos de los políticos y algunas asociaciones profesionales hagan ver que esto nos ha caído como una inesperada tormenta de verano, no les crean: todos los partidos que tienen presencia en el Parlamento Europeo saben desde hace años cómo ha sido la elaboración del reglamento y todos los partidos europeos, menos la ultraderecha, votaron en favor del texto que nos ha llegado.
Detrás de esta inmensa mentira de atribuirlo a una intención de Pedro Sánchez (¡qué más querría su partido!) se oculta el intento de vulgarizar su contenido y --más grave aún-- que se haga de él una aplicación laxa para que no se convierta en el necesario revulsivo que dignifique un sistema comunicacional con escaso ejercicio de la dignidad.
A estos falsarios les espanta que, por fin, haya alguna regulación de los medios en España donde siempre se les ha bailado el agua a las empresas de medios y se han tejido las más abyectas componendas para salvar sus intereses y para no cumplir con su función de servicio a la ciudadanía.
Es que el reglamento de marras tiene un articulado que puede descabezar desde los tobillos al sistema comunicacional español y si no genera los mismos temores en el resto de medios europeos es porque allí ya conocen formas de regulación que se vienen aplicando desde hace años.
Lo fundamental es que para la aplicación y seguimiento de todas esas reformas en el conjunto europeo el Reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, y para mayor horror del régimen comunicacional español pretende que cada país genere un organismo similar. En fin... que habrá que regular sí o sí la comunicación.
Ese comité se ocuparía de la totalidad del conjunto informativo-comunicacional, incluyendo, por supuesto, prensa escrita en cualquiera de los soportes de difusión existentes. “La definición de un servicio de medios de comunicación debe incluir, en particular, las emisiones de televisión o de radio, los servicios de medios de comunicación audiovisuales a petición, los pódcast de audio o las publicaciones de prensa”, señala el reglamento.
La nueva norma aconseja a los países aprovechar las entidades reguladoras disponibles y les señala la necesidad de contar con una autoridad que supervise a todos los actores y actividades de la comunicación. La estructura del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación marca lo que se espera de sus homólogos nacionales.
Entre otras cosas, señala que este organismo debe ser el garante de “la pluralidad, la independencia y el buen funcionamiento de los proveedores de medios de comunicación públicos que operan” en su país; debe dictar disposiciones que refuercen “la protección de los periodistas y de las fuentes periodísticas y limitar el uso de medidas coercitivas con el fin de obtener dicha información”; debe ampliar las garantías de transparencia “tanto en lo referente a la propiedad como a la publicidad estatal”, debe establecer las normas de “la relación entre los proveedores de plataformas en línea de muy gran tamaño y los prestadores de servicios de comunicación que se adhieren a regímenes de regulación o autorregulación de control editorial y normas periodísticas”.
Además, señala que su nuevo organismo europeo debe servir de espejo a los comités nacionales; señala que debe ser “jurídica y funcionalmente independiente de la Comisión --en nuestro caso del Gobierno-- y añade que los eurodiputados abogan para cumplir con esas funciones por un "grupo de expertos independiente que represente al sector de los medios de comunicación y a la sociedad civil” para que lo asesore en su cometido.
La elección de los tales expertos independientes puede ser un odisea en un país como el nuestro donde nadie quiere dejar el mango de la sartén de la corrupción en el que se ha cocido nuestro corrupto sistema comunicacional.
Y empezamos con las chapuzas
Esta imprescindible autoridad de la información o como llegue a llamarse en su momento es necesaria para que las normativas del nuevo reglamento europeo se apliquen con rigor y eficacia; pero las condiciones que exige Europa no son de uso en un parlamento de panderetas y muy chirle vocación cívica.
No estoy dentro de la mente del señor Pedro Sánchez y por lo mismo no sé por qué en su presentación en el pleno mencionado al principio se le ha ocurrido que esas funciones podría cumplirlas la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Quiero suponer que tiró de improvisación ante el pánico de que las hienas de la comunicación fueran a por su sangre y que no ha sido por mera ignorancia sino que ha tirado la pelota fuera esperando que corra el tiempo y ver cómo sale del entuerto.
Si alguno de vosotros no sabe de dónde salen estas supuestas capacidades del CNMC, os lo explico en cuatro líneas o alguna más... Cuando en 2010 la Administración de Rodríguez Zapatero aprobó la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), lo hizo al dictado de la patronal y a ésta le desagradaba que esa ley obligara a la existencia de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que debería haber sido el corazón de la ley y que era una autoridad que como muchas similares en Europa regula a las empresas del audiovisual. Zapatero, mal pagador, incumplió sus promesas al respecto y dejó la pelota picando para que la Administración de Rajoy nos colara otro gol por la escuadra, diluir el CEMA y confundirlo en el CNMC, que es un regulador híbrido multisectorial donde las competencias son, finalmente, del Gobierno. Mientras que en el resto de Europa las autoridades del audiovisual son realmente independientes y reguladoras del servicio de ese servicio de comunicación. Todo para gozo de los que ya tramaban el duopolio audiovisual que maneja nuestra televisión y que un consejo de ministros pepero autorizó desoyendo las recomendaciones de las leyes de la competencia.
Que no, señor Sánchez
Si el actual presidente del Gobierno piensa en usar este engendro como autoridad de la información tendría que hacérselo mirar o cambiar de asesores por personas más solventes para esa función. Señor Sánchez, sepa usted que el CNMC no reúne ni una sola de las exigencias que para ese organismo exige el Parlamento Europeo, comenzando --y no es cosa menor-- por la elección a dedo de sus miembros. El Consejo que dirige el CNMC “está integrado por diez miembros nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión”. Creo que queda clara su incompetencia como autoridad independiente de la información.
Señor Sánchez, no ceda a las presiones de los delincuentes de siempre y siga lo que le marca el Parlamento Europeo. 'Il Gattopardo' es una excelente novela, pero Giuseppe di Lampedusa la escribió para denunciar a los tartufos de la política que aseguran que “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”, de apariencia pero no de esencia. Algunos de estos indeseables pululan en su partido.
Zapatero ya nos traicionó una vez, tras declamar que defendería el derecho a la información de la ciudadanía; Rajoy cumplió con su tancredismo habitual haciendo el mal como si no fuera con él. Y, usted, señor Sánchez... ¿qué personaje aspira a ser en este escenario?
Artículo publicado originalmente en la revista 'El Observador'.