José Sanclemente
El panorama político que se ha configurado con las elecciones del 24-M y las posteriores alianzas de gobiernos municipales y autonómicos con nuevos actores políticos en la sociedad española, debería también concretarse en nuevas reglas para gestionar los medios de comunicación públicos y establecer un nuevo trato con los privados.
Los ciudadanos nos gastamos algo más de 2.000 millones de euros en subvencionar a las televisiones y radios públicas (incluida RTVE) y el Gobierno de la nación destina 170 millones a
publicidad institucional y comercial. Los diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas, a su vez, gastan por este concepto en torno a 50 millones y además otorgan diferentes subvenciones a los medios privados de comunicación sin criterios objetivos.
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| Mariano Rajoy condecora a Francisco Marhuenda, en una fecha indeterminada. |
El clientelismo político de algunos medios privados es proporcional a la cantidad económica que el erario les inyecta y el sometimiento ideológico de los medios públicos al Gobierno de la nación, a los gobiernos autonómicos y a los municipales alcanzan límites insostenibles.
La publicidad y las subvenciones se reparten entre los medios privados sin objetividad y transparencia, y los medios públicos están sometidos al dictado de los gobernantes en cada plaza.
El nuevo panorama político ofrece una oportunidad magnífica para erradicar las prácticas de oscurantismo y manipulación mediática. La nueva política no debe controlar la información y debe permitir que los profesionales del periodismo la ejerzan con libertad apoyando a sus empresas periodísticas con objetividad y transparencia.
Que diarios como 'La Razón' o 'Abc', por poner dos ejemplos, sean “premiados” en las campañas publicitarias y subvenciones del poder político, frente a otros medios con mayor audiencia, tiene que acabarse. No soy tan iluso para desconocer que las grandes empresas y entidades financieras seguirán haciéndolo buscando réditos informativos, pero el dinero que es de todos debe emplearse de una manera ecuánime y eficaz.
Hay muchos países europeos que tienen establecidas ayudas a la prensa como garantía de la pluralidad informativa y a la libertad de expresión, pero estas ayudas son transparentes y controladas por los parlamentos con criterios objetivos y, por descontado, la distribución de los ingresos publicitarios está siempre en relación con la audiencia de los medios y no con su complacencia con el poder.
La nueva política con los medios, la actual y la que está por venir ante el previsible cambio político, ha de basarse en criterios objetivables. No debe ser clientelista y sectaria porque el periodismo no lo es, o no lo debería ser si quiere recuperar su papel de contrapoder y de credibilidad ante los ciudadanos.
Cuando se oyen algunas voces de los “nuevos políticos” en relación a que los medios de comunicación deberían estar bajo control, yo les sugeriría que matizaran que no se refieren a los actuales conceptos de dominio, mando o dirección política. No vaya a ser que nos quedemos como estamos.
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