José Sanclemente
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha concedido una entrevista a la Cadena SER en la que, entre otras cosas, ha sido preguntado por el ERE de Telemadrid que dejará a cientos de profesionales en la calle. Pepa Bueno, la periodista que le entrevistaba, no se esperaba que la respuesta del presidente fuera de esta guisa: "Hacemos lo mismo que hacen ustedes. ¿O no han hecho en su grupo varios ERE? El mercado de los medios ha visto cómo han descendido los ingresos de publicidad y todos nos vemos obligados a reducir nuestros costes. Es lo mismo que les pasa a ustedes y a otros grupos de comunicación privados".
Está claro que al presidente madrileño le van los métodos del sector privado. No hay duda de que los emula y los supera. Ahí tenemos su decidida apuesta por privatizar los hospitales públicos y por dejar en manos de empresas audiovisuales privadas la televisión pública de la Comunidad de Madrid, una vez quede bajo mínimos.
Sin embargo son los matices los que hacen que las cosas sean algo diferentes. Parece que se puede privatizar lo público siempre y cuando los servicios caigan en manos amigas. Lo del consejero de Sanidad Güemes sería un ejemplo, lo que puede venir con la nueva Telemadrid es para seguirlo de cerca y con mucha prevención.
Es así porque, para algunos políticos, lo público ya era manejado como privado y privativo de su voluntad. Lo público no siempre se ha tratado con los criterios de un bien que es de todos. Cuando se maneja el dinero de todos se ha de ser más transparente y prudente que cuando una empresa se juega el dinero de sus accionistas.
Están intentando hacernos perder el norte de las cosas. Ya no hablo de los valores elementales, ni siquiera de las formas con que se despachan los políticos, que atraviesan la frontera del cargo público al privado para aportar sus influencias y métodos al conjunto de la sociedad y de la economía. Están construyendo la nueva imagen en la que lo público será de unos pocos, lo mismo que lo privado estaba reservado a una minoría.
Volviendo al caso de Telemadrid, ya no se habla del servicio que una televisión pública debe prestar a una comunidad de ciudadanos frente a las televisiones comerciales privadas. Ya no es necesario mantener la defensa del bien común, ni siquiera resulta imprescindible, para los nuevos políticos, los principios grandilocuentes que informaron la creación de la televisión pública madrileña en al año 1989.
Más aún, el presidente de la Comunidad no parece interesado en hablar de los conceptos de información libre e imparcial, de periodismo sin sometimiento a los partidos políticos o al partido político. De nada de eso ha hablado, porque, sencillamente, todo eso se ha ido destilando día tras día por la cloaca de los informativos de una cadena sometida a un control desmedido e interesado.
Decía también Ignacio González, como excusa para los centenares de despidos, que la ley le impedía tener déficit presupuestario, como si el servicio público de televisión hubiera sido rentable algún día, más allá de los réditos electorales que le pueda haber dado a él y a los suyos.
Ahí estamos con los medios públicos desmantelándose y vendiéndose para alcanzar los grandes objetivos de los privados: la rentabilidad, pero en este caso ¿para quién o para quienes?
Sigo con interés y afecto tus reflexiones sobre nuestra profesión. Esta vez, sin embargo, debo discrepar de las opiniones que manifiestas a propósito de Telemadrid.
ResponderEliminarEn lo que más de acuerdo estoy es en que "están intentando hacernos perder el norte de las cosas". En mi opinión, el norte de las cosas en cuestión de medios de comunicación es éste:
Los medios de comunicación llamados públicos no deben existir, porque toda democracia que merezca este nombre es un sistema de opinión pública, y los medios llamados públicos ni pueden ser juez y parte si obedecen a los poderes públicos de los que dependen, ni pueden estar a disposición de los profesionales/funcionarios en nómina de una empresa pública como si fueran sus propietarios. El poder político y todo lo que de él dependa deben ser enteramente ajenos al proceso de formación de la opinión pública, porque no se puede ser juez y parte.
Y si existen, deben estar perfectamente regulados para que sus contenidos se abstengan de influir ideológicamente en ningún sentido, ni a favor ni en contra, puesto que están pagados por los contribuyentes de todos los credos y tendencias políticas. También deben abstenerse de irritar u ofender los sentimientos de nadie, por la misma razón. También deben tener prohibida toda clase de ingresos por publicidad o patrocinio para no incurrir en flagrante competencia desleal. En definitiva, deben abstenerse de hacer periodismo, lo que significa que los periodistas de un medio público deberían ser cero. Sus contenidos deberían ceñirse a emisiones culturales ideológicamente neutras, como la música o la pintura, y si acaso reportajes de entretenimiento sin posibilidad de manipulación ideológica (lo que excluiría, por ejemplo, los documentales ideologizados sobre la naturaleza con que TVE2 nos invade todas las tardes).
Este es el norte, y hacia ahí debería dirigirse cualquier debate sobre los llamados medios públicos de comunicación. Así lo pienso, aunque, como siempre, someto esta opinión a otras mejor fundadas.
Cordialmente, Ramón Pi