Dardo Gómez
Siempre me ha parecido odiosa la distinción entre medios públicos y privados, no porque la propiedad de los mismos no responda a esa distinción sino porque gran parte de la ciudadanía ha sido inducida a creer que ser dueño de un medio convierte a ese propietario en dueño de la información que difunde.
Esta confusión ha llevado a que gran parte de la ciudadanía admitaque los dueños de los medios, o quienes actúan a sus órdenes, tienen derecho a difundir mentiras o a tergiversar los hechos porque los editan con su dinero. Desde ya adelanto que esto es falso.
Además, ha llevado a poner la fingida atención de los políticos en los medios de titularidad pública y a exigirles a sus trabajadores un plus de buen hacer que no se exige a quienes trabajan en medios de las administraciones sin que haya razón para esa especial exigencia.
En la última semana me han convergido varios hechos que afectan a la necesidad de analizar la veracidad de los medios en relación a quienes son sus propietarios. El primero de ellos ha sido una reivindicación del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), miembro de la FeSP, que pide a los partidos políticos catalanes que participan en las próximas elecciones municipales que se comprometan con la democratización, profesionalidad y estabilidad de los medios locales para garantizar la calidad de los mismos.
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| Los alcaldables de Barcelona, antes del debate en RTVE. |
Me parece un dato importante que los periodistas del sindicato catalán incluyeran en su demanda que los consistorios intervengan en mejorar esa calidad también en los medios locales privados. Con lo cual el SPC está asumiendo la obligación y capacidad de las administraciones, hasta donde lleguen sus facultades, para proteger el derecho de la ciudadanía a ser servido con lealtad por todos los medios de comunicación.
La segunda convergencia es que en ese mismo documento el SPC insta a las administraciones públicas locales a velar “para que los medios del Tercer Sector, impulsados por los movimientos sociales de sus ámbitos territoriales, puedan desarrollarse en igualdad de condiciones a los de propiedad pública o privada. En este sentido, evitarán cualquier tipo de discriminación en el momento de otorgamiento de convenios de publicidad, ayudas u otros mecanismos de apoyo a los medios de comunicación en general”.
Me parece un gran acierto que hayan incluido en la demanda y con el mismo peso de responsabilidad a todos los sectores de la comunicación y sobre todo que se dé el mismo tratamiento a los llamados medios privados comerciales.
Toda la información de los medios es pública
En esos medios privados comerciales que alternan sus contenidos informativos con los de entretenimiento es cierto que estos últimos pueden ser privados, pero no los primeros. Lo mismo ocurre con los medios del Tercer Sector, que también son privados al no ser de propiedad pública, pero que elaboran contenidos informativos que son públicos por necesidad.
La confusión generada por los propietarios de las editoras con su interesada conversión de la libertad de empresa en libertad de prensa ha llevado a parte de la ciudadanía a considerar que ser propietarios de los recursos necesarios para la elaboración y difusión de la información los hace también dueños de ella. No lo es en absoluto, y además, no es ninguna novedad.
En 1948, la Organización de Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se consagra por primera vez el derecho a la información como un derecho humano fundamental. Es decir que es un derecho universal y afecta a todos los seres humanos por el mero hecho de existir.
Esto se vio refrendado en 1993 por el Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa que recoge la información como un derecho fundamental, cuyos sujeto/propietario es la ciudadanía a quien corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados.
Es decir, que esta ciudadanía tiene la capacidad por ser la titular de ese derecho, para exigir información veraz y opiniones honestas. Si la información, que es de propiedad pública, es manipulada o tergiversada por los medios, dejo a vosotros el calificativo que merecen los dueños de los medios y los que se someten a sus exigencias. Podéis utilizar el mismo calificativo para las organizaciones de informadores que llaman a autorregularse sobre algo que no les pertenece.
Una iniciativa muy recomendable y necesaria
Otra convergencia ha sido el anuncio, hecho por 'elDiario.es', de que su plantilla había aprobado este mes el texto definitivo del Estatuto del medio; señalan que la participación de la plantilla ha rozado el 85,5%, con un 18% de abstenciones, un 8,5% de votos contrarios y un voto nulo. El Estatuto ha sido redactado tras un proceso abierto de enmiendas y aportaciones tanto de la plantilla como de la comunidad de socios y socias que apoyan el diario.
Ahora será sometido a la votación de los socios/socias y adelantan que su decisión tiene carácter vinculante y el objetivo anunciado es conservar a largo plazo la actual independencia de la cabecera; así como reconocer nuevos derechos a la comunidad de lectores que apoya a 'elDiario.es'.
No conozco antecedente similar en la prensa tradicional española, y me parece una iniciativa trascendental, ya que asegura, por lo menos a los suscriptores del medio, su participación en las decisiones editoriales de su medio. Una capacidad que debería estar garantizada para toda la ciudadanía y que podría estarlo si contáramos con un organismo ciudadano independiente que velara por el ejercicio real del derecho a la información.
Conviene echar la vista a algunas hemerotecas y comprobar como a lo largo de la historia la labor de los medios de comunicación, en todo el mundo, han servido o colaborado a la persecución de los seres humanos e incluso al exterminio de algunos de ellos.
Uno de los fiscales participantes en los juicios a los genocidas en Núremberg de 1945 señaló: “Antes de cada gran agresión, con algunas pocas excepciones por motivos de conveniencia, iniciaban una campaña de prensa calculada para debilitar a sus víctimas y preparar psicológicamente al pueblo alemán(...). En el sistema de propaganda (...) las armas más importantes eran la prensa diaria y la radio”.
No tenemos por qué ir tan lejos; los directores de medios españoles que aceptaron publicar la versión de José María Aznar sobre los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004 contribuyeron al odio entre los españoles. Esperamos aún que se disculpen.
También son culpables de la matanza de más de 300.000 iraquíes aquellos medios que aceptaron difundir la existencia de armas de destrucción masiva en poder de Sadam Hussein, cuando los expertos ya lo habían negado, y mintieron de forma canalla difundiendo que el Trío de las Azores nos metía en ese genocidio con el respaldo de las Naciones Unidas, cuando sabían que ese apoyo nunca les fue concedido.
Un testimonio del robo continuo de nuestra información lo da el periodista y reportero australiano John Pilger en su reciente artículo 'La guerra que viene. Es hora de alzar la voz' que ha publicado en 'CTxT' y en el que dice: “Si los periodistas hubieran hecho su trabajo, si hubieran cuestionado e investigado la propaganda en lugar de amplificarla, un millón de hombres, mujeres y niños iraquíes podrían estar vivos hoy; millones podrían no haber huido de sus hogares; la guerra sectaria entre suníes y chiíes podría no haber estallado, y el Estado Islámico podría no haber existido”.
Se me hace que lleva verdad.
Artículo publicado originalmente en la revista 'El Observador', de Málaga.
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