El peligro de las acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPP)

Dardo Gómez

Este 20 de febrero se ha abierto ante Julian Assange, como se abre un precipicio, la que puede ser la última oportunidad del periodista e informador para evitar ser deportado desde la cárcel británica a los Estados Unidos. La justicia de ese país lo reclama para procesarlo por 18 delitos relacionados con conspiración para la intrusión informática y revelación de documentos clasificados, lo que puede acarrearle una condena 175 años de cárcel. Aunque el único “delito” que ha cometido es el de ejercer el periodismo de investigación en favor de la ciudadanía.

A día de hoy el fundador de Wikileaks permanece encarcelado desde

El juez prevaricador Salvador Alba.

el 11 de abril de 2019 en la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido), incomunicado y espera en ese entorno terrible la decisión final sobre su extradición dictada por la justicia británica el 17 de junio de 2022.

En 2010, el creador de Wikileaks saltó a las portadas de los más renombrados medios “serios” del mundo cuando esa plataforma creada por él publicó cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos que evidenciaban los abusos inhumanos de las fuerzas militares de ese país en las guerras de Irak y Afganistán. Uno de los documentos audiovisuales presentados presentaba el ametrallamiento desde un helicóptero del ejército estadounidense de civiles desarmados, entre ellos dos periodistas.

Ninguna administración estadounidense ha negado esos hechos terribles, pero se inició una cruel persecución judicial centrada en la persona de Assange. Aunque decenas de medios de todo el mundo publicaron esa información por él facilitada, ninguno de ellos fue molestado ni indagado sobre la palpable veracidad de esa documentación y de otros miles de documentos facilitados a ellos.

Así, la persecución al periodista australiano se convirtió en uno de los casos más representativos de los estragos de las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) en el mundo occidental. Con esta sigla se definen las que en español entendemos como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (DECPP). Es decir, llevar ante la justicia denuncias improcedentes que se incoan con el fin de evitar y/o “castigar” la participación activa de la ciudadanía en temas de interés público y su investigación por parte de la prensa.

En España también son una amenaza

Una de las características de estas demandas abusivas es el gran peso de las indemnizaciones o penas que se solicitan para los acusados con el fin de amedrentar a quienes denuncian o investigan sus malas praxis y agotar los recursos de miembros de la comunidad como los defensores medioambientales y periodistas que defienden los derechos humanos. El impacto de las SLAPP también tiende a paralizar y disuadir de esa lucha a todo el entorno y personas afines a las posiciones del demandado.

Aunque no han alcanzado gran difusión pública en España, son ya varios los medios de comunicación que han sufrido este tipo de persecución o censura, y aunque en varios casos esas denuncias han sido archivadas, el perjuicio causado a las finanzas del medio ha sido grave, ya que no en todos los casos se ha llegado a una sentencia que incluya el resarcimiento de los gastos que han producido las necesidades de la defensa.

Otra de las características de estas demandas abusivas es que, en el caso de periodistas, no se les acusa falsedad informativa o de falta de veracidad, sino sobre supuestos daños paralelos, y en otros casos, son solicitudes de amparo del acusador para que el periodista no pueda continuar su investigación o no se le facilite el acceso legal a la documentación para llevarla a cabo.

Un caso por demás ilustrativo ha sido la demanda de la multinacional energética española Iberdrola contra el periódico digital El Confidencial en febrero de 2022 en relación con la cobertura por parte del diario de las investigaciones sobre presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, de sobras conocido.

Sobre todo de la contratación de éste para realizar investigaciones o elaborar informes sobre otras empresas y/o personas sobre temas seguridad o el presunto espionaje a periodistas.

La demanda de Iberdrola solicitaba una indemnización de 17,6 millones de euros por el desprestigio empresarial sufrido por la difusión de hechos en los que había incurrido, además de la reserva de poder aumentar el monto de la demanda si El Confidencial publicara nuevas informaciones sobre ese caso. Por suerte, la sentencia de la jueza Covadonga González ha desestimado todos los argumentos esgrimidos por la energética, y le ha cargado todos los costes procesales.

No escarmientan los represores

La lista de medios de comunicación y/o periodistas por cuenta propia que han sufrido persecuciones judiciales como éstas no es corta, y medios como 'El Jueves' y 'Mongolia' van cocidos a demandas en nombre de Dios, la Patria y otros antojos inmateriales. Medios como 'El Crític' o la plataforma Civio han debido acudir a los tribunales en defensa de su derecho a acceder a información que es de dominio público, pero que se les pretende impedir publicar o que se les facilite.

Puede que algunos recuerden que el ahora exjuez Salvador Alba fue condenado a prisión y expulsado de la carrera judicial por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar, en aquel momento, con su comenzada carrera política como diputada de Podemos. El Tribunal Supremo consideró probado que Alba abrió causa judicial contra su colega y la pareja de ésta —el periodista Carlos Sosa, director de 'Canarias Ahora'-- mediante la declaración falsa del empresario Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que la acción judicial contra la magistrada saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Según consta en la sentencia, el exjuez le ofreció al empresario su exculpación en un juicio a cambio de acusar a Victoria Rosell y a su pareja, el periodista Carlos Sosa, de haberle cobrado para librarle de algunos problemas judiciales. El complot no funcionó y Alba terminó en la cárcel.

Unos meses antes de ingresar en prisión, el exjuez presentó una querella criminal por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal contra 'elDiario.es', su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

El caso es que se ha admitido esa demanda e impuesto a los querellados la fianza de más de 422.000 euros solicitada, muy superior a la indemnización que se le impuso al exjuez por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

Es muy probable que esta querella se archive y no haya más recorrido, pero nos sirve para mostrar cómo actúan las demandas SLAPP y el grave peligro que significan para el derecho a la información y para quienes investigan en casos como éste.

Los buenos nunca ganan

El pasado 30 de noviembre la Unión Europea dio un primer paso para proteger a periodistas y a defensores de los derechos humanos frente a las demandas infundadas o procedimientos judiciales abusivos. Bajo la presidencia española del Consejo y el Parlamento Europeos se ha llegado a un acuerdo político para alcanzar una directiva para poner freno a estas demandas abusivas contra la participación pública que están asolando Europa.

La directiva está costando sangre y sudor para alcanzar algún consenso, ya que los lobis judiciales y algunos Estados presionan en ese sentido; mientras que organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que han tenido acceso a algunos borradores, están previendo que saldrá un documento avaro en sus intenciones y poco eficaz para la protección necesaria.

En fin, que sólo en los westerns ganan los buenos...

Artículo publicado en la revista 'El Observador'.