El 'efecto mariposa' de la carta del presidente sobre los medios

Dardo Gómez

Dice un proverbio chino que “el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”; esto se puede refundir en torno a las teorías de que ningún acto es banal y que todas las acciones pueden tener efectos más allá de las intenciones de quienes las provocan.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez,
en una imagen de archivo.

En base a ese proverbio, el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lorenz desarrolló su teoría del caos, y dentro de ella defendía que pequeñas perturbaciones en los datos iniciales de un sistema podían producir, con el mayor o menor tiempo, enormes efectos. Mis conocimientos de física son escasos pero se sostiene que dos mundos casi idénticos pueden llegar a ser muy diferentes por el mero hecho de que en uno de ellos aleteen las tenues alas de una mariposa y en el otro no. Como si el aire movido por ellas en Algeciras pudiera llegar a provocar un huracán en las antípodas.

Es cierto, en lo cotidiano, que la mayoría de nosotros hemos experimentado, más de una vez, que un gesto, una frase o un decisión que nos pareció sin trascendencia hubo modificado actitudes posteriores o la visión que teníamos de alguno de nuestros semejantes.

Me ha impresionado el efecto mariposa de la carta a la ciudadanía que el presidente Pedro Sánchez Castejón colgó hace unas semanas en una cuenta de red social. No me refiero a las consecuencias políticas, ni siquiera entro en la sinceridad de sus intenciones ni en la perturbación provocada en tirios y troyanos. Sólo me refiero a la capacidad de ese aleteo para destapar respuestas y comportamientos singulares.

El delito de ocultación

Doy por descontado que todos sabemos que un juez aceptó investigar una denuncia presentada por ciudadanos pertenecientes a una organización civil a la cual luego se sumó una segunda entidad. Tampoco quiero referirme a la identidad ética de las dos organizaciones denunciantes, simplemente digo que hace ya más de un decenio que el Tribunal Supremo estableció que una denuncia para ser admitida a trámite debe aportar algún tipo de prueba y que para constituir esa prueba “no sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”.

Máxime cuando el autor de la querella reconoce que “siembra a boleo” ya que no sabe si los hechos son reales y que “será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”.

Allá el juez con sus responsabilidades; sólo quiero referirme a que esa decisión mostrenca fue asumida con fervor por gran parte de nuestros medios de comunicación y trasladada nuestra ciudadanía. Se me ocurre que esa actitud deja claro que ninguno de ellos actuaba impulsado por un deseo de justicia, ni por la preocupación de alcanzar una verdad sino que todos ellos buscaban la destrucción de una persona que no les cae bien o la vulgaridad de que era noticia y que la información era lo de menos.

Lo que dicen que va en el sueldo

Los más benevolentes han vuelto a sacar como justificación de su saña contra los políticos que a todos ellos “eso les va en el sueldo” y que no les debería extrañar que sus opositores vayan a por ellos con brutal malicia, y que es de suyo que en esos ataques no haya límites para las armas que se utilicen.

Algunos políticos opositores al presidente han sacado a relucir que ellos también sufrieron ataques similares o quizá peores. No lo dudo, y que a esto de la política “se viene llorado de casa”. En fin, lugares comunes o simples vulgaridades que esconden una apuesta por hacer de la crueldad un valor.

Como era de esperar, las redes sociales viralizaron todos esos efectos pero las denuncias y burlas no pudieron evitar el efecto de que el presidente de un Gobierno --en este caso el español-- no se hiciera el “machote” sino que denunciar en esa carta lo que gran parte de la población sabe, siente y sufre: la utilización de las herramientas de la comunicación como autovías de la desinformación, la mentira y la calumnia. Creo que es peregrino tratar de opinar sobre quién arrojó la primera piedra.

Lo que me interesa es como el “efecto mariposa” de la carta de Pedro Sánchez se ha convertido en un tornado que ha entrado con fuerza en el mundo de la comunicación y cómo ha provocado que todos sus actores se hayan sentido obligados a pronunciarse. Lo cual no quiere decir que su preocupación vaya a ser seguida de alguna ocupación.

La conjura de los planetas

Sin embargo, hay veces que los planetas se alinean en la forma que pretendían los alquimistas y el aleteo de la mariposa ha puesto sobre la mesa, tras algunos decenios de inopia, el tema de la regulación de la información para garantizar que sea ofrecida con honestidad a la ciudadanía. La novedad es que en esta nueva etapa del debate ya nadie de la comunidad española vinculada a los medios y formas de la comunicación niega la necesidad de alguna forma de regulación.

Ahora el debate es cómo se regula, qué se regula y quién regula. La importancia de estas preguntas, sin embargo, no ha evitado que nuestra afición por el disparate permita seguir dando respuestas torpes o querer renovar debates agotados y, sobre todo, mantener el sostenella y no enmendalla de la supuesta integridad del ejercicio de una profesión que en muchos casos se mantiene ajena al momento que vivimos. Para entendernos apelo a la caricatura de un debate filmado en blanco y negro y publicado en papel a una tinta.

En virtud de ello en las últimas semanas han caído sobre el público disparates de grueso calibre como la demonización de los medios digitales, reclamos de prohibir o coartar el ejercicio del “periodismo” a los no titulados en ciencias de la información o parecidas, y/o reclamar que las herramientas de la necesaria regulación se pongan en manos de las mismas organizaciones corporativistas que durante años declamaron aquello de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”. Hace pocas semanas, en un seminario madrileño, he escuchado a alguno de los que, en su tiempo, hacían apología de esa tontería que se arrepentía de haberla pronunciado.

Estas organizaciones profesionalistas continúan empeñadas en defender privilegios que los periodistas nunca tuvieron, y se me ocurre que este nuevo tiempo de la comunicación les ha pasado por encima y que no terminan de interpretar lo que sucede en el siglo XXI.

Tres pinceladas para ir desayunándose en la realidad:

El espacio global de la comunicación no pide ni necesita titulaciones y decide por sí mismo a quienes otorga el permiso de informar; el espacio de los grandes medios “serios” es residual y sobrevive gracias al apoyo de las multinacionales que pagan la desinformación.

Los llamados “digitales” no son una categoría dentro del mundo de la comunicación, simplemente porque toda la comunicación ya es digital y es eso lo que ha permitido el ejercicio ciudadano de una libertad de prensa real, es decir no patrocinada por grandes capitales. Por otro lado, resulta penoso tener que aclarar que las herramientas digitales, como cualquier otra, son neutras en cuanto a la ética profesional.

Y por último, una pregunta: ¿con qué fundamentos se reclama la capacidad para dictar una regulación sobre algo que no les pertenece?

El Código de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa ya dejó claro en 1992 que el derecho de información tiene un único sujeto o titular, los ciudadanos, y agrega que a ellos “corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones...” No hay mención de nadie más que la ciudadanía y se deduce por delegación obligada a sus representantes, que son aquellos a los que votamos en las elecciones generales.

Es decir que la facultad de regular recae en el Estado y además tantola Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han señalado que tiene la obligación de hacerlo. El primero ha dejado sentado que “en concordancia con el derecho a la pluralidad de medios o informativa” recuerda “las obligaciones positivas de los Estados”. En ello coinciden los jueces europeos al sentenciar que “además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene la obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad”.

Dejemos constancia que si hasta ahora no lo ha hecho es porque todas las propuestas en ese sentido han chocado con la oposición cerril de estos clubes profesionalistas que ahora pretenden subirse al carro de la “regeneración”. Aunque mucho me temo que sea para poner palos en las ruedas.

Artículo publicado en la revista 'El Observador'.