Dardo Gómez
Llevamos varios meses a vueltas con la propuesta de la Comisión Europea para dictar una norma que, de momento, lleva el nombre tentativo de Reglamento de Libertad de Medios de Información. En principio no sólo no me parece mal sino que aplaudo que este organismo crea que debe entrar en este espacio de la comunicación que se sigue mandando con supuestas normas que fueron creadas por las mismas empresas de medios para protegerse de la supuesta intromisión del Estado en sus funciones.
Aunque también para secuestrarle a la ciudadanía su legítimo |
| Directivos de la AMI, en una imagen de archivo. |
derecho a exigirles que cumplan con el deber de informar desde la veracidad y el respeto y, además, que ellas asuman su responsabilidad social por ejercer una función que les ha sido delegada por la sociedad --de forma tácita aunque no explícita--, que es su legítima propietaria: la información.
Ya sé, desde hace tiempo, que a los dueños de los medios no les gusta oír esto y que se siguen amparando en su falso concepto de libertad de prensa y de expresión para saltarse todo lo respetable y convertir a la información en un producto más del mercado.
Un proyecto para 2023
Lo que ahora propone la CE se estima que tendrá un borrador final en el Parlamento Europeo durante el primer trimestre de 2023 con la esperanza que se apruebe en esta legislatura. Alabo la intención; aunque estimo que para que esta se cumpla habrá de superar muchas dificultades como las que ya están creando las corporaciones de medios, sus asociaciones gremiales y algunos supuestos defensores de la libertad de prensa que son, simplemente, tentáculos de las anteriores. Todos ellos aspiran a que no haya regulación alguna.
La elaboración de normas legales tan sensibles como ésta obligan, de forma necesaria, a largos cabildeos y acuerdos que suelen no satisfacer a casi nadie. A unos por exceso y a los otros por defecto; quizá alguien piense que eso lleva al “justo medio”. No lo creo así. Los largos dos siglos y medio en que el periodismo se ha ido construyendo como una industria al uso llevó a Ryszard Kapuściński a señalar: "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante". Para revertir esta innegable situación que ya señalaba este gran periodista es imprescindible aplicar, aunque con exquisita prudencia, un bisturí afilado e intervenir en profundidad.
Como señala la periodista de la BBC Christiane Amanpour es justo dar voz a todos, pero eso no puede significar tratar a ambas partes por igual, ya que crear una equivalencia forzada nos convertiría en cómplices de la desigualdad existente y en la pervivencia de la injusticia.
Esto no implica vulnerar derechos sino recuperar el ejercicio de aquellos derechos que durante mucho tiempo han estado secuestrados por el poder de los grandes grupos privados y el de los políticos que se han apoderado de los medios públicos.
La patronal dispara primero
Mirando a España vemos que ya han surgido las primeras piedras en el camino de esta normativa europea puestas por la Asociación de Medios de Información (AMI), antigua patronal de la prensa diaria que agrupa a más de ochenta cabeceras nacionales y regionales. La AMI ha divulgado un comunicado --que anuncia una previsible campaña-- en el que exige que la norma en ciernes respete “la independencia editorial de los medios de comunicación”, aunque, de momento, no haya nada en el documento conocido que haga temer la intención de los legisladores comunitarios de violarla.
Hay que señalar, para ir calando la catadura de la patronal española, que esta normativa en estudio y debate ha llegado a su estado actual con la participación y consulta de todos los actores europeos de la comunicación y, claro está, con la participación de la News Media Europe, la patronal europea a la que están afiliadas todas las corporaciones miembros de la AMI. Estas son más papistas que el Papa.
Apelando a la cantinela de siempre, la patronal española alerta de que algunas de las medidas de ese reglamento pueden «poner en cuestión la libertad de prensa» cuando lo que quieren decir es que una regulación que atienda a las necesidades de las sociedades democráticas y a la buena información pondría en riesgo su modelo editorial.
Un tema que la AMI considera clave, según señala en su comunicado, es “la pretensión de la Comisión Europea de incrementar las restricciones a la concentración de los medios de información. Las operaciones de concentración son un mecanismo de resiliencia cuando el mercado no permite a los diferentes actores mantenerse en solitario. Sólo facilitando la concentración de los medios de información se estará asegurando la perdurabilidad de muchos medios de información”.
Lo que evidencia que a lo largo del siglo XXI y de los decenios anteriores los medios españoles han despreciado y/o ignorado las recomendaciones de las autoridades europeas de la comunicación y los observadores mundiales de los derechos humanos, que han señalado la concentración mediática como un atentado a la libertad de información y un peligro para la democracia igualmente.
La AMI considera un exceso que la norma limite la actuación de los editores para dar mayor libertad profesional a los informadores. “Que la actuación del editor deba constreñirse a la mera indicación de una línea editorial general. Esta limitación pone en cuestión la libertad de prensa así como la libertad de inversión y de empresa”, dice AMI. Confesando que para ellos libertad de prensa y libertad de empresa son sinónimos; por lo cual tampoco quiere ninguna regulación a los criterios actuales de distribución de la publicidad, que favorecen a los grandes medios, sean estos locales o nacionales tradicionales, privando así de financiación a los medios realmente independientes de nueva creación.
También se resiste la AMI a la existencia de una norma que regule la política general de prensa y medios de información europeos, y defiende que esa competencia corresponde a las autoridades nacionales. “No existe justificación alguna para armonizar la legislación a nivel comunitario, ni mucho menos para poner a la prensa bajo la supervisión de un Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación”, dice. Está claro que conoce la falta de criterio al respecto de nuestros legisladores que, hasta ahora, nunca se han preocupado en defender el derecho a la información de la ciudadanía.
Mejor garantizar libertades que regular medios
Ràfols, que ha asistido a la exposición sobre la nueva norma que ha ofrecido el portavoz de Justicia de la CE, Christian Wigand, en Barcelona expone: "Si se quiere hacer una buena legislación europea en esta materia es imprescindible tener como referencia el Código Europeo de Deontología del Periodismo que aprobó el Consejo de Europa por unanimidad hace casi treinta años. Le recordé [a Wigand] que una de las quejas principales que las y los periodistas hacen, al menos en España, es que las mayores presiones las reciben del propio del medio y de sus propietarios. No olvidemos que, en España, la mayoría de ellos tienen en su accionariado grandes poderes económicos que los utilizan a menudo como vehículo de propaganda más que como elemento de información”. “El portavoz de Justicia admitió algunos de mis argumentos, pero insistió en los aspectos de la ley que pueden combatir estas situaciones, como la obligación de ser transparente en la propiedad de los medios o, entre otros, en la adjudicación de la publicidad”.
Ese Código Europeo que, recuerda el presidente del SPC, en su punto 11 ya consigna: “Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental”.
Ahí queda eso...
Artículo publicado originalmente en la revista 'El Observador', de Málaga.
–coincidint amb el Dia Internacional del Dret d'Accés Universal a la Informació, instaurat per la Unesco el 2016–, que té l'objectiu d'enfortir la seva capacitat de lluitar, entre d'altres, pel ple reconeixement d'aquest dret humà universal, tal com proclama la Declaració Universal de Drets Humans aprovada per l'ONU.
