Carlos Pastor
Acabo de oir en el Telediario del mediodía a un portavoz de los internautas españoles calificar de “atentado a la libertad de expresión” la clausura por las autoridades norteamericanas de la web de descargas ilegales Megaupload. ¿La libertad de expresión amenazada? ¿Es que acaso se ha censurado una canción o se ha prohibido proyectar una película? Ni una cosa ni la otra. La única realidad es que se ha puesto en manos de la justicia a unos espabilados que se habían hecho de oro comerciando ilegalmente con las obras de otros. Los diarios también son y han sido víctimas de espabilados semejantes.
Recordemos que antes de internet ya había unos listillos que se ganaban la vida fotocopiando los diarios y vendiendo a administraciones y empresas resúmenes de la actualidad en base al trabajo y el dinero de otros. Una cómoda manera de hacer dinero sin trabajar ni invertir.
La libertad de expresión es algo demasiado serio como para ser invocada con tanta frivolidad. De la misma forma que esa libertad no ampara al periodista que injuria o calumnia o miente de forma descarada y consciente, tampoco ampara el choriceo en la red. Y no vale como excusa que el intercambio de archivos por la red es imparable y oponerse a ello es ir contra la historia y el progreso. Para eso están las webs de pago –o las explícita y legalmente gratuitas--, que respetan los derechos de los autores –y de sus miles de colaboradores, desde técnicos de sonido a electricistas, maquetistas, carpinteros, etcétera que viven de la industria de la música, del cine o del libro.
En la película La red social aparece un personaje especialmente antipático y frívolo (el inventor de Napster, pionera páginas de pirateo) que se jacta de haber hundido el comercio de discos antes de que las autoridades le cerraran el negocio. No quiero que eso ocurra con las librerías ni con las salas de cine.
Y a los periodistas que a menudo caen en la tentación de comprender las razones de los piratas, les recuerdo que también los diarios prohíben explícitamente reproducir sus textos originales en base a la ley de propiedad intelectual.
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