Por fin, un tiro para el lado de la justicia

Dardo Gómez

Este próximo agosto ya entrarán en cumplimiento gran parte de las normas del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y que llegará sin que casi nadie la anuncie, aunque con algunas tontos sigan adjudicándole fines que están en la otra punta de sus objetivos reales. Es cierto que la agenda informativa está plagada de atrincheramientos y que los medios no aspiran a otra cosa que contribuir a la confusión; quizá por ello, quiero suponer, se le da poca difusión a la decisión adoptada por las Cortes de Castilla y León de aprobar una proposición de ley que reforma la norma de Publicidad Institucional de esa autonomía. Ha contado con los votos favorables de PSOE, Vox y Podemos, y la oposición del PP, que ha visto como por primera vez en 37 años perdía una votación en ese espacio.

La propuesta fue presentada por el procurador de Unidas Podemos,

Estudio de Televisión de Castilla y León.

Pablo Fernández, quien aseguró que la reforma “acaba con décadas de compra de los medios de comunicación por parte del PP”, mientras que el popular Miguel Ángel García Nieto veía una ley “de censura” que consideró propia de países “como Cuba o Venezuela”; nada nuevo.

A ninguna persona vinculada a la comunicación en España se le escapa que la publicidad institucional ha sido y es manejada desde las administraciones como un recurso partidario para mantener vivos a los medios afines y cortar el oxígeno a los que le son críticos. 'El Observador', el medio en el que escribo, es una de las víctimas de esta lacra y su denuncia ha sido avalada por los tribunales; puede que alguna administración no lo haga y no lo niego porque no la conozco.

Para terminar con este timo a la información, el proyecto aprobado propone que el límite de aportación de la publicidad institucional no supere el 33% de la cifra neta de la cuenta de resultados de los medios. Ese porcentaje no se refiere sólo a los aportes de la Junta sino también a los de ayuntamientos o diputaciones.

Esta propuesta central ya ha levantado ampollas y algunas oposiciones que van desde la supuesta ilegalidad de la medida al temor de que esto aumente la precariedad del sector. Eso alega el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, que entiende que “las modificaciones aprobadas pueden dar lugar a interpretaciones, lo que supone una gran incertidumbre entre los medios de comunicación, ya que según se interpreten y apliquen algunos medios pueden estar abocados al cierre o se puede producir el despido de periodistas”.

Los chiringuitos de los amiguetes

Puede ser que lleven razón estos profesionalistas y sin duda que habrá que afinar la norma como expone el mismo ponente, pero los miembros de esta colegiación creo que no caen en la cuenta de que con esta oposición están admitiendo que estos medios están en la esfera de los pseudomedios ya que son proyectos que carecen de capacidad comercial mediante la difusión de información. Tal vez me equivoque, pero todo lleva a pensar en “chiringuitos” encargados desde la administración a sus informadores de confianza sin otra capacidad para subsistir que el favor administrativo.

La reforma propuesta también incluye la prohibición de destinar ayudas públicas a aquellos medios que hayan sido condenados por los tribunales por lo menos dos veces en los últimos tres años y/u obligados a rectificar informaciones inexactas que hubieran vulnerado el derecho al honor y la intimidad y la propia imagen o cometido delitos de odio. Quizá debamos coincidir en que la impunidad para mentir y agredir a la ciudadanía ha sido ganada por los pseudomedios (antes decíamos prensa amarilla) y se ha constituido en un peligro para la convivencia democrática. De hecho, para muchos de esos medios la mentira y la calumnia se ha convertido en su medio de vida porque dependen, claro está, de quienes pagan esa corrupción informativa que se ha normalizado gracias a las ayudas y la publicidad institucional.

La propuesta señala en otros de sus puntos que tampoco podrán acceder a esa publicidad o a ayudas oficiales los medios que los tribunales hayan condenado por haber cometido delitos de odio. Aquí yo propondría un agregado que dejara claro que la libertad de expresión en nada ampara las agresiones a los derechos humanos ni las campañas orquestadas contra colectivos discriminados como la población migrante o el colectivo LGTBIQ+. Ya está bien de marear a la expresión ciudadana.

Claro que hay más y, quizá, mejor

Aunque es pronto para aventurar en qué terminará este proyecto, ya que las estabilidades parlamentarias suelen ser frágiles y sus vaivenes son marismas temibles. Las reacciones de los patrones de los medios eran previsibles y van desde alegar que esto atenta contra la libertad de prensa (¡vaya cara!) o que sería una medida ilegal (ya veremos); pero me temo que los ataques pueden ir a más porque la reforma aspira a más y mejor. Veamos.

Una de las medidas que quiere incorporar esta reforma del parlamento castellanoleonés es la creación de un Consejo de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que sería el que debería fijar el monto de la subvención anual de la televisión autonómica. Esto de autonómica es una broma triste ya que su gestión se halla externalizada desde su nacimiento a una productora privada, siempre la misma claro. Ya que esta es la mejor forma de controlar desde el Gobierno a quien el entiende que le debe servir por haber ganado una convocatoria electoral. Con un servicio externalizado ya no hay empleados díscolos cuyas exigencias se deba atender ni profesionales que te pongan colorado por cuestiones tan molestas para los amos como la transparencia de la gestión o la manipulación informativa.

Externaliza si quieres obediencia ciega

Os puedo asegurar que todas las empresas así contratadas que conozco cumplen a pie juntillas las demandas del Gobierno que las contrata, por la cuenta que les lleva. Y si hay discrepancias, no se le renueva en la próxima licitación y punto. Lo mismo ocurre en Aragón o Murcia y más; una vergüenza...

En el caso de Castilla y León, la concesión está, desde los inicios, en manos de una sociedad formada por los conglomerados Edigrup y Promecal que controlan todos los medios de la región que, dada la dudosa gestión de sus propias empresas, son un seguro de que van a comulgar con todo lo que dispongan sus amos para esta pseudotelevisión autonómica.

Asimismo, la propuesta aprobada prevé que un organismo parlamentario pueda nombrar los directivos de RTVCyL si la financiación pública supera el 50% del importe neto de su cifra de negocios. Esto merece una explicación ya que Castilla y León Televisión (CyLTV), cuya razón social es Radio Televisión de Castilla y León SA, es una empresa privada que es la adjudicataria de la única licencia de emisión de la TDT de ámbito autonómico. Sin embargo, esta adjudicataria parece que se apunta solo a las ganancias de la sociedad que tiene con el Gobierno autonómico, porque cuando aparecen goteras en la financiación tira del Parlamento pepero que siempre les otorga una ampliación financiera. Un chiringuito de los buenos.

Para terminar con esta corrupción informativa y vulneración del derecho a la información de la ciudadanía (que todos conocen), la normativa que se ha propuesto en Castilla y León obligará al Gobierno autonómico a convocar en un plazo máximo de tres meses un nuevo concurso para la concesión de ese servicio a una empresa que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales. Lo que ayudará a terminar con la precariedad laboral y la vulneración de derechos de los trabajadores que se practica en todas estas empresas que venden este tipo de servicios a las administraciones públicas.

No me atrevo a afirmar que esto llegue a ser verdad, pero sé que eso es lo que debería ser, pero... políticos tiene España, aunque no sean todos iguales.

Artículo publicado originalmente en la revista 'El Observador'.