Dardo Gómez
Como en una letanía sin dirección y sin aparente objetivo, gran parte de la ciudadanía y muchos informadores de medios de comunicación en España defienden la existencia necesaria de los medios públicos en una sociedad organizada en la democracia. Por lo mismo unos y otros ponen el acento de sus exigencias informativas en ese sector y consideran fundamental su transparencia y su manejo ético de la información. Es decir, se pide normas regulatorias de la información de esos medios.
Total y justamente exigible creo, pero ¿qué pasa con el resto de la |
Rupert Murdoch, en una imagen de archivo. |
información que se elabora y se distribuye desde los medios de propiedad privada? Una tendencia bastante extendida, de dudosa inocencia y un exceso de sumisión a la propiedad privada, es la de suponer que como producen con dinero propio eso los hace dueños de esa información sin límites a esa propiedad. Gravísimo error.
Al margen de que la propiedad de cualquier empresa estratégica puede y debe ser controlada, que no es el tema de hoy, esa regulación que es reclamada para los medios públicos es aún más necesaria en los de propiedad privada. Simplemente porque manejan un material tan sensible como la información que, además o sobre todo, no les pertenece porque es pública, es decir propiedad de la ciudadanía.
Siempre conviene recordar que el Código Dentológico Europeo del Periodismo, desde 1993, así lo marca y que, por consecuencia, le asiste a esa ciudadanía el derecho a exigir de los medios calidad en la información. Aunque la ciudadanía, en su mayoría, desconoce que ese derecho le pertenece y los medios más otros poderes tampoco se preocupan que se enteren de ello.
Los reales “dueños” de la información
Punto arriba o abajo casi todos los estudios realizados en el último decenio coinciden en que apenas llegan a seis las corporaciones de la comunicación que tienen en sus manos dos tercios de ese negocio en todo el planeta. Estas empresas, todas ellas con sede en Estados Unidos, son propietarias de unos 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras de radio y 1.500 cadenas de televisión. “Ellos son los que deciden qué tenemos que ver en la televisión, cuál es la agenda y qué tema es más noticia que el resto”, según señala Jesús González Pazos en su libro 'Medios de comunicación'. Este capacidad de decidir por nosotros es uno de los principales efectos de la concentración de medios, una tendencia que ha crecido de forma exponencial ya que hace unos cuarenta años ese poder mediático se hallaba distribuido en cincuenta empresas.
Un ejemplo de la capacidad de esos grandes grupos es la actual NewsCorp del magnate Rupert Murdoch, cuyo negocio abarca desde Australia ('Herald Sun', 'The Australian') hasta Estados Unidos (Fox News, 'The Wall Street Journal', 'New York Post' y otros) y el Reino Unido (BSkyB, 'The Sun', 'The Times').
Similar capacidad comunicacional tienen desde Europa los grandes grupos multimedia como el germano Bertelsmann, la británica BBC, los franceses Vivendi y Lagardère, el italiano MediaSet o el español Prisa.
Visto así, parece una distribución de medios entre países o continentes y en principio lo fue, pero las condicionantes financieras han determinado que la propiedad de todos los grupos y medios esté sostenida por participaciones y/o fusiones mundiales en las que han entrado todo tipo de fondos de inversión. Estos fondos invierten sobre todo en corporaciones como las inmobiliarias, financieras, armamentistas, agrarias y/o energéticas; es decir, las empresas estratégicas que, entre otros entretenimientos, digitan la política en muchos países. Un poder que se ha disparatado aún más con el tsunami pseudoinformativo de las grandes plataformas en línea; la mayoría de ellas en manos de la ultraderecha.
La obsesión de esos fondos por invertir en el negocio ruinoso de los medios no tiene otro interés que generar desinformación y la construcción de realidades sociales que deriven la atención de la opinión pública hacia el entretenimiento, que es parte importante del negocio real. Pero sobre todo es una suerte de cerrada niebla informativa que aleja a la curiosidad ciudadana de la razón de la cosa pública.
Es sorprendente cómo a pesar de todo este andamiaje multinacional de propiedades cruzadas e intereses insondables que parecen dominarlo todo gran parte de la ciudadanía ha sabido ver y oír a quienes se han dedicado desde hace algunos años a desbaratarles el falso relato de su libertad de prensa. También puede ser que de tanto mentirnos a los mismos durante tanto tiempo se nos haya caído la venda de los ojos y resulte que ya no somos tan incautos. Por lo menos, esto es lo que están diciendo los análisis.
Y, sin embargo, se mueve...
Durante mucho tiempo la mayoría de la ciudadanía no se preocupó de quiénes eran los dueños de los medios que supuestamente los informaban; más aún, confiaba ellos. Cuando esa confianza fue mermando (ahí están los datos) se implantaron el “todos mienten” o el “dicen según quien les paga” acompañados de resignación ante el engaño. Sin embargo, las cosas han ido cambiando en parte de la ciudadanía a medida que los dueños de los medios profundizaban en su contumacia desinformativa.
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que ha de estar en vigor total a mediados de este año, no es una frívola improvisación como pretenden los falsarios de siempre. Uno de los temas clave de este documento que podría modificar para bien nuestro sistema mediático es precisamente cómo se debe ejercer la propiedad de los medios con fundamentos de sólida razón.
La transparencia en la propiedad de los medios de comunicación fue objeto en 2022 de una consulta pública por parte de quienes elaboraban el proyecto del documento y sus resultados son aleccionadores. El 81% de los encuestados consideró que la mejora de la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación sería la acción más valorada; el 94% consideró importante tener acceso a información sobre quién posee o controla las empresas de medios de comunicación; el 81% afirmó que estos datos eran escasos o nada disponibles y el 80% se mostró a favor de que las empresas de medios en Europa debían revelar sus estructuras propietarias y que sus beneficios reales deberían ser públicos así como sus orígenes.
El nuevo reglamento ha puesto el acento en estos aspectos que exigen una cuidada aplicación de las nuevas normas para no entrar en colisión con las seguridades para la vida privada y la protección de datos personales de esas empresas y sus accionistas. Esto está obligando a alguna flexibilidad en su aplicación que, para mi gusto, debería tener muy en cuenta que en España padecemos de una libérrima y supuestamente proteccionista “libertad de empresa” que ha sido aprovechada por muchos medios y casi todas las administraciones para comprar favores y/o beneficiar a los medios amigos y, en algunos casos, crearlos con dinero público.
Todo esto es posible gracias a la falta de transparencia en el manejo de la publicidad institucional, de la contratación de servicios e incluso de las ayudas o subvenciones a los medios por razones antojadizas cuyo única función es la de pagar favores.
No en vano el nuevo reglamento lleva apareado a esa transparencia en la propiedad la regulación de la publicidad institucional; que no solo sirve para favorecer a los “amiguetes” sino también para castigar a los medios díscolos que pretenden ser críticos con el administrador de esos dineros.
Una forma vulgar y rastrera de ejercer la represión sobre los periodistas, la censura de la prensa y el poder controlador sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Esto, al mismo tiempo, contribuye a la consolidación de los emporios locales o regionales, al impedir por hambre la promoción de medios independientes.
La controvertida ley ucraniana tiene mala prensa
En 2023 la mayoría de las agencias y los medios occidentales hablaron temerosos de una “controvertida” ley de prensa instaurada en Ucrania e inspirada por su presidente Volodimir Zelenski. No es una norma perfecta y tiene variadas goteras por donde puede colarse la censura, pero las críticas que hemos leído en España se centraban en los poderes del Consejo Nacional de Radio Televisión de ese país para bloquear el acceso a publicaciones en línea sin necesidad de juicio previo si se observaban praxis de desinformación como las que sufrimos en España.
Nada se dijo, sin embargo, cuando hace unos meses la administración reguladora francesa silenció por su cuenta y riesgo y por mera decisión administrativa a una emisora de Canal+ de claro sesgo ultraderechista y ya sancionada más de una vez por la misma autoridad.
Es cierto que el Sindicato Independiente de Periodistas Ucranianos se manifestó en contra de la ley, aunque basándose en que no habían sido consultados sus miembros. Mientras que la UE, aunque fue crítica en algunos aspectos, destacó que la ley garantizaba la independencia del regulador de los medios de comunicación. “Acogemos con satisfacción este avance", señaló.
Por su parte, la responsable de proyectos de Reporteros sin Fronteras (RSF) en Ucrania, una organización que no es dudosa de su defensa de la libertad de prensa, Marianna Perebenesiuk, consideró la medida de forma positiva: "Nuestra apreciación es globalmente muy positiva, porque esta reforma se esperaba desde hace años y la venimos reclamando. Avanza hacia la armonización de la legislación ucraniana con la europea".
A pesar de la división de opiniones internas, muchos medios de comunicación han aplicado con diligencia las nuevas medidas de la administración ucraniana. Galyna Petrenko, directora de Detector Media, una oenegé que se dedica a contrarrestar tanto la desinformación rusa como la falta de pluralidad de la administración de Zelenski señaló: “Queremos registrarnos para dar una especie de ejemplo a nuestros colegas y a otros medios de comunicación en línea de Ucrania, y no vemos ningún problema en ello”. Petrenko se refiere al registro de medios, similar al que debe adoptar España por imperio del nuevo reglamento, y que está levantando algún sarpullido en algunos medios y profesionalistas de la información de nuestro entorno.
Está claro que no se puede regular la información sin saber a ciencia cierto el número y la tipología de las empresas que de facto y sin permiso alguno se han autoproclamados intérpretes de los hechos y deciden de manera inconsulta de qué hechos y en qué forma debemos los ciudadanos ser informados.
Para qué hay que saber quiénes son
En su artículo sexto el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación establece que se deben armonizar las normas de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación en todos los países. No es tontería, ya que si todos los europeos sabemos quiénes se benefician con los producidos de los medios, puede que podamos interpretar por qué publican lo que publican y por qué silencian lo que otros publican. Esto nos permitirá establecer sobre bases sólidas a qué medios podemos dispensar nuestra confianza y, al mismo tiempo, analizar con alguna conciencia sus posibles manipulaciones o qué intereses políticos o financieros pueden estar influyendo en temas vitales para el desarrollo de cada una de nuestras sociedades.
A nadie puede confundir si un medio declarado de confesión religiosa se manifiesta o hace oposición a derechos como el de abortar y nadie puede sentirse engañado por sus intenciones. Entendemos que tiene derecho a manifestar su opinión en contra y la ciudadanía a saber la razón de su posicionamiento; aunque sin mentir en sus aportes.
Serían las reglas de un sistema comunicacional transparente que hoy no existe porque no sabemos si en el accionariado de un medio que defiende la necesidad de una autopista o la urbanización de determinada zona no hay un fondo oculto que aspira a hacerse con ese negocio.
Con todo, estas medidas de transparencia serían insuficientes si seguimos permitiendo que fondos de inversión de nula transparencia o empresas estratégicas integren los accionariados de las empresas propietarias de medios de comunicación para influir sobre los ciudadanos en beneficio de sus intereses.
El reglamento no llega a abarcar toda la transversalidad social del derecho de la ciudadanía a la información; sin duda, nos queda terreno por labrar.
Artículo publicado en la revista 'El Observador'.