El peligro de las acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPP)

Dardo Gómez

Este 20 de febrero se ha abierto ante Julian Assange, como se abre un precipicio, la que puede ser la última oportunidad del periodista e informador para evitar ser deportado desde la cárcel británica a los Estados Unidos. La justicia de ese país lo reclama para procesarlo por 18 delitos relacionados con conspiración para la intrusión informática y revelación de documentos clasificados, lo que puede acarrearle una condena 175 años de cárcel. Aunque el único “delito” que ha cometido es el de ejercer el periodismo de investigación en favor de la ciudadanía.

A día de hoy el fundador de Wikileaks permanece encarcelado desde

El juez prevaricador Salvador Alba.

el 11 de abril de 2019 en la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido), incomunicado y espera en ese entorno terrible la decisión final sobre su extradición dictada por la justicia británica el 17 de junio de 2022.

En 2010, el creador de Wikileaks saltó a las portadas de los más renombrados medios “serios” del mundo cuando esa plataforma creada por él publicó cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos que evidenciaban los abusos inhumanos de las fuerzas militares de ese país en las guerras de Irak y Afganistán. Uno de los documentos audiovisuales presentados presentaba el ametrallamiento desde un helicóptero del ejército estadounidense de civiles desarmados, entre ellos dos periodistas.

Ninguna administración estadounidense ha negado esos hechos terribles, pero se inició una cruel persecución judicial centrada en la persona de Assange. Aunque decenas de medios de todo el mundo publicaron esa información por él facilitada, ninguno de ellos fue molestado ni indagado sobre la palpable veracidad de esa documentación y de otros miles de documentos facilitados a ellos.

Así, la persecución al periodista australiano se convirtió en uno de los casos más representativos de los estragos de las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) en el mundo occidental. Con esta sigla se definen las que en español entendemos como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (DECPP). Es decir, llevar ante la justicia denuncias improcedentes que se incoan con el fin de evitar y/o “castigar” la participación activa de la ciudadanía en temas de interés público y su investigación por parte de la prensa.

En España también son una amenaza

Una de las características de estas demandas abusivas es el gran peso de las indemnizaciones o penas que se solicitan para los acusados con el fin de amedrentar a quienes denuncian o investigan sus malas praxis y agotar los recursos de miembros de la comunidad como los defensores medioambientales y periodistas que defienden los derechos humanos. El impacto de las SLAPP también tiende a paralizar y disuadir de esa lucha a todo el entorno y personas afines a las posiciones del demandado.

Aunque no han alcanzado gran difusión pública en España, son ya varios los medios de comunicación que han sufrido este tipo de persecución o censura, y aunque en varios casos esas denuncias han sido archivadas, el perjuicio causado a las finanzas del medio ha sido grave, ya que no en todos los casos se ha llegado a una sentencia que incluya el resarcimiento de los gastos que han producido las necesidades de la defensa.

Otra de las características de estas demandas abusivas es que, en el caso de periodistas, no se les acusa falsedad informativa o de falta de veracidad, sino sobre supuestos daños paralelos, y en otros casos, son solicitudes de amparo del acusador para que el periodista no pueda continuar su investigación o no se le facilite el acceso legal a la documentación para llevarla a cabo.

Un caso por demás ilustrativo ha sido la demanda de la multinacional energética española Iberdrola contra el periódico digital El Confidencial en febrero de 2022 en relación con la cobertura por parte del diario de las investigaciones sobre presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, de sobras conocido.

Sobre todo de la contratación de éste para realizar investigaciones o elaborar informes sobre otras empresas y/o personas sobre temas seguridad o el presunto espionaje a periodistas.

La demanda de Iberdrola solicitaba una indemnización de 17,6 millones de euros por el desprestigio empresarial sufrido por la difusión de hechos en los que había incurrido, además de la reserva de poder aumentar el monto de la demanda si El Confidencial publicara nuevas informaciones sobre ese caso. Por suerte, la sentencia de la jueza Covadonga González ha desestimado todos los argumentos esgrimidos por la energética, y le ha cargado todos los costes procesales.

No escarmientan los represores

La lista de medios de comunicación y/o periodistas por cuenta propia que han sufrido persecuciones judiciales como éstas no es corta, y medios como 'El Jueves' y 'Mongolia' van cocidos a demandas en nombre de Dios, la Patria y otros antojos inmateriales. Medios como 'El Crític' o la plataforma Civio han debido acudir a los tribunales en defensa de su derecho a acceder a información que es de dominio público, pero que se les pretende impedir publicar o que se les facilite.

Puede que algunos recuerden que el ahora exjuez Salvador Alba fue condenado a prisión y expulsado de la carrera judicial por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar, en aquel momento, con su comenzada carrera política como diputada de Podemos. El Tribunal Supremo consideró probado que Alba abrió causa judicial contra su colega y la pareja de ésta —el periodista Carlos Sosa, director de 'Canarias Ahora'-- mediante la declaración falsa del empresario Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que la acción judicial contra la magistrada saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Según consta en la sentencia, el exjuez le ofreció al empresario su exculpación en un juicio a cambio de acusar a Victoria Rosell y a su pareja, el periodista Carlos Sosa, de haberle cobrado para librarle de algunos problemas judiciales. El complot no funcionó y Alba terminó en la cárcel.

Unos meses antes de ingresar en prisión, el exjuez presentó una querella criminal por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal contra 'elDiario.es', su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

El caso es que se ha admitido esa demanda e impuesto a los querellados la fianza de más de 422.000 euros solicitada, muy superior a la indemnización que se le impuso al exjuez por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

Es muy probable que esta querella se archive y no haya más recorrido, pero nos sirve para mostrar cómo actúan las demandas SLAPP y el grave peligro que significan para el derecho a la información y para quienes investigan en casos como éste.

Los buenos nunca ganan

El pasado 30 de noviembre la Unión Europea dio un primer paso para proteger a periodistas y a defensores de los derechos humanos frente a las demandas infundadas o procedimientos judiciales abusivos. Bajo la presidencia española del Consejo y el Parlamento Europeos se ha llegado a un acuerdo político para alcanzar una directiva para poner freno a estas demandas abusivas contra la participación pública que están asolando Europa.

La directiva está costando sangre y sudor para alcanzar algún consenso, ya que los lobis judiciales y algunos Estados presionan en ese sentido; mientras que organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que han tenido acceso a algunos borradores, están previendo que saldrá un documento avaro en sus intenciones y poco eficaz para la protección necesaria.

En fin, que sólo en los westerns ganan los buenos...

Artículo publicado en la revista 'El Observador'.

Mazzucato avisa del segon engany

Josep-Maria Ureta

El setembre del 2014, a la seu de RBA, la gran editorial creada per Ricardo Rodrigo, amb especial sensibilitat per textos de pensament i d’economia es va fer la presentació de la versió en espanyol del llibre de Mariana Mazzucato, de gran èxit mundial, titulat 'El estado emprendedor'. Un desafiament a la doctrina dominant de que “els estats només es dediquen a finançar serveis públics però no tenen res a fer ni dir en la recerca innovadora”.

Mazzucato ho va desmuntar rigorosament. Línia bàsica del llibre?

Mariana Mazzucato i Rosie Collington

Res del que innoven les grans empreses emprenedores, admirades i cobejades mil·lionàriament a les borses, seria possible sense la recerca bàsica que paguen els estats (universitats públiques i totes les seves extensions i variants) perquè és la part no rendible de la recerca. Deu anys després, aquesta catedràtica a la University College de Londres ens acaba de proporcionar un text canònic que segueix la seva ferma decisió de recerca que desmunta tòpics: ara és 'El gran engaño' (Taurus), escrit amb Rosie Collington.

¿Què deien a Barcelona, el setembre del 2014, gent il·lustrada sobre aquell text de la Mazzucato? Només dues cites: “Llibre que aproxima a la realitat econòmica a un tipus de lector inquiet, format però no especialista”, explicava el catedràtic Antoni Castells. Un altre: “És necessari fugir de les receptes. Les coses complexes no tenen solucions senzilles”, afegia Josep Maria Bricall. Ambdós mestres en l’economia teòrica i pràctica afegien, ja fa 10 anys, que “l’Estat ha d’estar en la innovació” (Bricall) i que “se segueixen aplicant receptes equivocades que van contra la realitat per culpa d’idees preconcebudes”, advertia Castells.

Doncs ves per on, ara ens reapareix Mariana Mazzucato amb un text extraordinari, 'El gran engaño', on ens avisa que la seva denúncia del 2014 ha quedat superada per l’aparició progressiva, silent i aclaparadora d’un oligopoli de serveis, tant per al sector públic com privat, com son les grans companyies d’assessoria i auditoria, sovint dissimuladament barrejades en els seus interessos. Ningú ho preveia tal qual fa 10 anys.

Primer pecat capital: qui assessora com ha d’evolucionar una empresa (estratègia) no pot ser també qui li redacti i revisi després els comptes (auditoria/comptabilitat). I del primer pecat se’n deriven tots els demés d’aliances entre empreses i proveïdors de serveis. Així es capgira el que reivindicava Mazzucato la dècada passada de separació d’activitats en el món de l’empresa. Ara, l’Estat s’ha debilitat en la mateixa proporció que consultores i auditores li han dit no només què ha de fer, si no sobretot el que NO ha de fer.

Tot comença al Xile d’Allende

Seguint les pautes d’una bona narració, Mazzucato explica que elsprimers consultors que varen assessorar a un govern van ser els britànics Sttaford Beer al primer mandat de Salvador Allende a Xile. Era, segons l’autora, un projecte tecnològic a llarg termini que més tard va dinamitar Pinochet. El llibre de Mazzucato va ple d’exemples d’aquesta mena, amb propostes d’anàlisi d’iniciatives de vegades reeixides i d’altres malmeses. Sempre dins d’un cercle viciós on les propostes que surten de fora dels governs (o sigui, provinents de consultores de tota mena) son sovint massa influents, però mai apareix el seu nom en cas de fracàs, s’ho empassa el govern de torn. Aquest és l’avís profund de Mazzucato i que té abast universal. Per això val la pena llegir-ho.

Qui son el nou poder ?

Ja posats, posem pel davant de tot els noms de les denunciades.

Les tres consultores de marca mundial son: McKinsey, Boston Consulting i Bain & Company.

I les quatre grans de l’auditoria son: PriceWaterHouse Coopers (PwC en textos de diaris saberuts), Deloytte, KPGM i Ernst & Young (EY pels amics i coneguts).

El què ens diu Mazzucato és que aquestes grans marques mundials, sense saber-se qui les domina ni on tenen la seva seu, son les que han acaparat el poder mundial a base de capturar les debilitats dels governs democràtics (els que no ho son, no cal dir qui els influeixen) per penetrar en les seves decisions de despeses.

La pandèmia, el seu negoci

Antològica es la descripció de Mazzucato de com es varen moure les set empreses suara esmentades per dominar totes les decisions de les administracions púbiques a l’hora de comprar mascaretes o aconseguir vacunes durant la pandèmia iniciada a finals del 2019. En el darrer cas, amb un greuge afegit de l’especulació de les farmacèutiques. Un negoci milionari del tot discret. Cap d’aquestes grans empreses que van dominar el fluxe de distribució van sortir als diaris. La intermediació global és silenciosa, sempre.

Cal recordar també que tots els governs democràtics d’Europa estaven disposats a acceptar la gens discutida capacitat de les consultores esmentades per aconseguir medicaments i mascaretes que la seva població exigia. Posats a exagerar, podríem dir que la pandèmia del 2020 va durar el què aquestes multinacionals tan discretes com influents en l’àmbit global del comerç i distribució ho varen programar. És a dir, proporcionar d'immediat les mascaretes però també retardar les vacunes i la seva distribució aprofitant el seu principal domini, per deixadesa dels estats, de la distribució logística mundial. És una exageració pròpia després de llegir el llibre, però no tan esgarriada com aparenta.

També els huracans

Voleu més? Com l’huracà del 2017 a Puerto Rico, formalment part del EEUU, no va ser cobert per les agencies informatives dels EUA, tot i que, ves per on, McKinsey era qui portava tota la gestió de les finances de l’illa caribenya. O com els empleats del Tresor britànic (equival a l’Agència Tributària espanyola) varen col·laborar amb les quatre grans consultores esmentades per instal·lar-se a petites illes de domini britànic per esbandir comptes de les grans empreses del seu país.

¿Fins on arriba la impostura de les consultories i la seva rellevància mundial a l’hora d’avisar si una informació és real i fiable? Hi ha límits que èticament no es poden traspassar? Doncs tampoc. Mazzucato y Collington dediquen el darrer capítol del llibre, el què fa més mal de llegir pels sostenibilistes de bona fe, és la també contaminació del mon financer sense escrúpols en el terreny de la crisi climàtica. També aquesta malifeta es mereix una descripció precisa al llibre.

Tanmateix, cal avisar, que en aquest darrer capítol sobre manipulacions sobre el canvi climàtic, com en alguns dels anteriors, s’abusa de l’enumeració de documents i referències de cimeres mundials més que de redaccions descriptives i comprensibles per lectors no avesats.

Mazzucato ens explica novament el que no trobem als diaris i que hauríem de tenir en compte. En aquest cas es tracta d’un parell de sectors d’empreses de serveis gairebé intocables pels redactors d’economia i similars: els consultors i auditors.

Los ‘off the record’ los carga el diablo

Andreu Farràs

La feroz ofensiva del Partido Popular contra la amnistía que Pedro Sánchez intenta impulsar para reconducir el independentismo catalán y, sobre todo, mantenerse en la Moncloa sufrió un duro revés el pasado fin de semana por las declaraciones de una “fuente de la alta dirección del PP muy próxima a Alberto Núñez Feijóo” que admitió que este se había mostrado dispuesto a indultar con condiciones a Carles Puigdemont si Junts votaba a favor de los populares en el debate de investidura. La docena larga de periodistas que conversaron simultáneamente con esta “fuente de la alta dirección del PP muy próxima a Feijóo” y publicaron también casi simultáneamente el resultado de esta información añadieron en sus noticias que el PP considera muy difícil que las acciones de Puigdemont, Tsunami Democràtic y otros independentistas puedan ser calificadas de “terroristas”.

La campaña de las elecciones gallegas, que hace poco más de un mes

Alberto Núñez Feijó, una imatge d'arxiu.

parecía que el PP iba a ganar sin que su candidato se bajase del autobús, se ha convertido de la noche a la mañana en una pesadilla para el presidenciable Alfonso Rueda y, todavía más, para Feijóo, por culpa de “una fuente muy próxima” a él que no ha sabido controlar sus palabras en una conversación informal con algunos periodistas. Todo por un ‘off the record’ (a micrófono cerrado) que fue mal acordado o con un contenido demasiado explosivo para ser respetado.

Las conversaciones a micrófono cerrado con políticos, empresarios e intelectuales suelen ser siempre mucho más interesantes que las entrevistas ‘on the record’ y no digamos que las ruedas de prensa con o sin plasma. La mayoría de los protagonistas se sinceran, se relajan y se quitan la máscara del personaje que tienen que interpretar de cara a la galería. Como periodista compruebas cuanto hay de farsa, simulación e incluso perfidia en ciertos personajes con fama y carisma. En otros casos, algunos ‘off the records’ son la semilla de futuras primicias que la fuente primaria te ofrece pocas veces desinteresadamente.

A finales del siglo pasado, cuando Jordi Pujol aún era presidente de la Generalitat, se reunió con un grupo de periodistas en Barcelona. Era una conversación distendida y extraoficial entre redactores avezados y un político aún más ducho que ellos. Uno de los periodistas (que, por cierto, estos días ha sido reprendido por el Consell de la Informació de Catalunya por vulnerar dos artículos del Código Deontológico) preguntó al ‘president’: “Si tuviera usted la oportunidad de conseguir la independencia de Catalunya apretando simplemente un botón, ¿lo pulsaría?”. Segundos de pausa dramática. Pujol pregunta: “¿Off the record?”. “Sí, sí, claro, claro”, responden al unísono los reunidos salivando. Otra pausa dramática y el patriarca responde: “No. No lo pulsaría”. La negativa fue seguida de uno de los amplios monólogos a los que el líder nacionalista ya tenía habituados a los desilusionados informadores. ¿Alguien puede creerse que si la respuesta de Pujol hubiera sido afirmativa todos los reporteros podrían haber resistido la tentación de saltarse el compromiso de confidencialidad y no comunicarlo al menos a sus respectivos jefes?

“Si quieres que algo no se sepa nunca, no se lo digas a nadie”, me dijo en una ocasión otro dirigente político catalán. Porque, al final, “todo se sabrá”, como amenaza ahora desde Waterloo uno de los sucesores de Pujol. La “fuente de la alta dirección del PP muy próxima a Núñez Feijóo” debería saber que los ‘off the record’ los carga el diablo. Y si lo sabe y no lo lleva a cabo, además de delatar su grave hipocresía, ofrece una muestra más de que no está preparado para llevar las riendas del Gobierno de un país tan complicado y parlanchín como España.