El quadern dels periodistes apocalíptics, integrats, optimistes i/o solidaris

EL QUADERN DELS PERIODISTES APOCALÍPTICS, INTEGRATS, OPTIMISTES I/O SOLIDARIS

23 dic. 2018

Jueces: el secreto profesional no se toca

Texto del manifiesto leído en las concentraciones que numerosos periodistas protagonizaron el pasado 14 de diciembre en varias ciudades para defender el secreto profesional, a raíz de la incautación de material a reporteros de 'El Diari de Mallorca' y Europa Press bajo la coartada de la investigación del 'caso Cursach':

Los periodistas consideramos imprescindible hacer partícipe a la ciudadanía y al Poder Judicial nuestra intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución producida en el
Concentración de periodistas ante el Tribunal Supremo, en Madrid.
(Foto: Juan Carlos Hidalgo)
'caso Cursach'.

En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos. Y eso es lo que ha ocurrido en el 'Diario de Mallorca' y en la redacción de Europa Press en Baleares.

El propósito de esa insólita actuación --el “volcado y estudio”, dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y 'pendrives' para descubrir a los supuestos autores de filtraciones-- nos parece del todo injustificado: el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación, que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece.

Creemos que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no pueden permanecer ajenos a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas.

16 dic. 2018

Facebook em censura que critiqui Trump

Andreu Farràs
Acabo de veure que Facebook ha eliminat del meu perfil un enllaç que vaig incloure fa alguns dies del post que vaig escriure a PAIOS sobre Donald Trump i les seves reprobables rodes de premsa. 

Com a única explicació, Facebook assenyala que l'enllaç ha estat eliminat perquè "esta publicación infringe nuestras Normas comunitarias, por lo que solo tú puedes verla". Encara que no utilitzo gaire aquesta xarxa social, no m'havia passat mai res semblant a Facebook ni en cap altra xarxa social.

Tot i que he llegit les "normes comunitàries" de Facebook no acabo
d'entendre quina infracció he comès en criticar el tracte que Trump dispensa als representants dels mitjans de comunicació que no li resulten simpàtics (un bon grapat, per no dir la majoria).

En els últims mesos, Facebook i altres xarxes socials han estat acusades de difondre informacions falses, notícies d'alta toxicitat. Fins i tot algunes xarxes han estat acusades d'afavorir determinats candidats polítics en eleccions i referèndums arreu del món. 

L'enginyós multimilionari Mark Zuckerberg i els seus executius s'han vist obligats a demanar perdó per permetre la difusió d'aquestes informacions o no controlar-les prou. I s'han hagut de comprometre a comprovar més els continguts que es difonen a través de les seves plataformes, uns mitjans gratuits que han fet el món més petit i que siguin instantànies les transmissions d'informacions veraces i també de continguts verinosos per a la convivència democràtica i les llibertats.

Tot i que trobi convenient cert control, no entenc la censura que Facebook ha perpetrat amb el meu article. Potser hi ha una justificació raonable. Però no me l'han donat. Ni l'he trobat en les seves "normes comunitàries".

No crec que en les teories conspiranoiques, però em sembla estrany que la primera vegada que pateixo una censura sigui quan escric en un insignificant blog especialitzat un article contra el gran mascle alfa global, que, segons nombrosos experts qualificats dels EUA, ha arribat a la Casa Blanca en bona part precisament gràcies a Facebook. Estrany i lamentable.

(Ara publicaré aquest text sencer a Facebook. A veure què passa. Seguirem informant)

Rosa María Mateo, un puñetazo contra el inmovilismo suicida de la televisión

Gabriel Jaraba
El día que Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, dio un puñetazo verbal sobre la mesa en su comparecencia ante la comisión de control del ente público (verbal pero puñetazo al fin y al cabo) todos los profesionales que hemos trabajado en la televisión nos sentimos, perdonen por la expresión, vengados. La periodista Mateo vino a decir lo que dijo una vez el presidente de la Primera República, Estanislao Figueres: “Estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Pero con mejores modos y en segunda persona del plural. Y al decirlo resumió con claridad meridiana el principio y el fin de todas las políticas públicas de comunicación relativas a la televisión y la radio que son capaces de concebir los políticos de las Españas, y digamos de paso, de las Catalunyas.

Mateo describió el punto en que confluyen esas políticas en un momento de su intervención que recoge un vídeo muy difundido, y que reproduzco aquí:

“Yo vengo aquí a decir la verdad, y cuando digo la verdad, es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, soy independiente y
Rosa María Mateo, en una comparecencia
en el Congreso de los Diputados.
nadie me ha de dar órdenes. Nadie, porque no se lo consiento. Yo creo que a todos ustedes, y ya me perdonarán, les importa muy poco la televisión pública, solo les importa cuando la pueden controlar. Y eso es intolerable, esto ha pasado desde que yo entré el año 66, con el dictador aún vivo y entonces lo que había era censura. Y después ha habido manipulación. Los trabajadores de TVE estamos un poco cansados de todos los políticos. Ustedes me han dicho, señores del Partido Popular, que yo he entrado en esta cámara por un golpe de dedo. He de decirles que el golpe de dedo fue el señor Sánchez al que solo han votado ustedes. No me ha llamado por teléfono Podemos, no soy podemita, no soy socialista, no soy nada, soy una ciudadana que tiene unas creencias determinadas, y sobre todo una ciudadana que cree en la libertad de los seres humanos”.

No me dirán que no se quedó descansada.

El derecho democrático a la información está en juego


La batalla por unos medios de comunicación públicos que sirvan al interés de los ciudadanos y su derecho democrático a recibir y emitir información veraz y fiable no puede ser un rifirrafe más en comisión parlamentaria. A estas alturas, la necesidad de ese servicio es, no ya evidente, sino escandalosamente urgente en un país en el que la prensa se ha convertido en su totalidad en prensa de partido, como en el siglo XIX y los inicios del XX, aunque con la particularidad de no declararse como tal, para mayor escarnio público. Por eso es imperativo que los medios públicos cumplan con su obligación fundacional y constitucional de ser garantes de los derechos cívicos relativos a la información. Mateo es consciente de tales necesidades y obligaciones y se pone al frente de la tarea en tanto que, oh rareza, profesional de TVE nombrada para ello.

Obsesionados con el control político de la radiotelevisión pública, los políticos, todos ellos sin excepción, han perdido de vista no solo la complejidad de su situación sino la gravedad del caso. Confían tanto en el enorme poder de la estructura y audiencia de RTVE que la creen a salvo del extraordinario tsunami comunicacional que estamos viviendo sin casi darnos cuenta. Porque no nos encontramos ante una crisis de la prensa impresa o la dificultad de afrontar las 'fake news' o seudonoticias engañosas. Nos hallamos ante el inicio del trastocamiento completo de la comunicación en todo el mundo y de la mutación completa de la estructura informativa global y sus relaciones con la sociedad, en la medida que es la propia democracia la que se va a conmover hasta sus cimientos.

Teles privadas sin obligaciones públicas

Los destinatarios del rapapolvo de Rosa María Mateo están mentalmente en los años 80 y 90, a excepción de que las licencias para las cadenas privadas ya han sido repartidas, con lo que todo el pescado está vendido y solo queda amarrar al pez gordo del sector público. Tanto se ha retrocedido en este sentido que incluso nos hemos acostumbrado a creer que la televisión privada está exenta de obligaciones públicas, cuando existe una diferencia harto sensible entre las condiciones en que las televisiones privadas desarrollan su negocio y aquellas en las que lo llevan a cabo los periódicos editados por particulares.

Esa diferencia es muy concreta y singular: los diarios privados son impresos en papel adquirido por las empresas y distribuidos por medios que ellas pagan; las radios y televisiones privadas emiten, en cambio, gracias a la utilización del espacio radioeléctrico, que es un bien público, en absoluto privado y no privatizable, sino usado bajo concesión; sus ondas salen al aire después de que las empresas han obtenido la licencia del Estado para utilizar el espacio radioeléctrico público, es decir que consiguen ganancias que van a bolsillos privados por emplear un bien público que es de todos, un espacio que debe ser necesariamente administrado y regulado mediante normas de interés público y su cumplimiento legal. Y esto conlleva obligaciones referentes al derecho público a la información. Busquen ustedes signos de preocupación al respecto en los organismos parlamentarios por lo que hacen la COPE o La Sexta y átenme ustedes esa mosca por el rabo.

Sin embargo, he aquí que la gestión de la televisión por parte de los últimos gobiernos de España, tanto de derecha como de izquierda, ha conducido a un duopolio de facto en el sector privado ante lo cual no hay voz pública que rechiste, y ha mantenido a la radiotelevisión pública constreñida a un modelo de gestión estatalista y dirigista. Ese modelo es tan regresivo que ni siquiera ha evolucionado –por decirlo de algún modo— hacia el modelo italiano de los 80, la 'lottizacione' o reparto de la programación de emisoras y canales entre las diferentes fuerzas parlamentarias. A observar que ese es el último estadio del recorrido de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, a la que se traslada automáticamente el estado de la relación de fuerzas entre las formaciones independentistas gobernantes (en la Catalunya de los 90 se consideraba que la 'lottizacione' era el medio más eficaz para taponar cualquier vía de salida para la ventilación pluralista de la RTV pública, y ahora todos lo aceptan como un sino ineluctable más).

El dinosaurio no siempre estará allí


Lo que está en juego respecto a la televisión en España no es ya dirimir el modo de controlar la televisión pública y de seguir el recorrido de la televisión privada para que no se produzcan trapacerías financieras; no es un problema de cuotas de influencia de partidos y su reflejo en el consejo de administración y la comisión de control parlamentario, por parte pública, ni del número y alcance de las licencias de las cadenas privadas y la composición de su propiedad. El asunto es algo que no se huelen ni políticos ni comentaristas de la actualidad política, y es lo que trato de explicar a continuación, que está motivado por la naturaleza del presente tsunami comunicacional que va mucho más allá de cualquier crisis de medios y que afecta la civilización entera.

La misma decadencia que la prensa escrita


¿Y si un día, al despertar, el dinosaurio ya no estuviera allí? ¿Y si hubiera desaparecido esa televisión hasta el momento omnipresente, omniabarcante y poco menos que omnipotente? Se cuestiona el futuro de la prensa impresa, se teme por la posible desaparición de los periódicos, se especula sobre las sorprendentes formas que puede adoptar la información en internet y sin embargo no se contempla que la televisión pueda sufrir una mutación de una envergadura no menor. En cambio, muchos sospechamos que la televisión generalista que hemos conocido hasta ahora se verá abocada, más pronto que tarde, a unas transformaciones tan profundas que podrían someterla a riesgos semejantes a los que afronta ahora la prensa diaria.

Lo ha dicho Richard Sambrook, profesor de Periodismo de la Universidad de Cardiff (País de Gales): “Existe el riesgo de que el periodismo televisivo sufra el mismo declive que la prensa escrita”. Es todo un modelo comunicacional coherente el que está hoy en cuestión y no solo una parte de él; no es que la red amenace ahora a la prensa como antes pareció hacerlo la televisión; es que existe una transformación profunda de hábitos, preferencias y modos de relacionarse con la comunicación que alcanza también a la televisión generalista. El actual auge de las series de ficción no sólo ha suplantado a las superproducciones de Hollywood a causa del inmovilismo del sector de la gran cinematografía sino que es el heraldo de un nuevo tipo de audiovisual cuya naturaleza desconocemos pero en el cual va a ser muy difícil que sobreviva la televisión informativa a la que estamos habituados y en la que se centran las tensiones a cara de perro en las comisiones de control parlamentario. 

En los años 80 parecía que el futuro de una tele en libertad pasaba por la creación de cadenas informativas especializadas como la CNN; hoy día esta forma parte del gigante comunicacional Time Warner-AOL y Euronews es un espectro irrelevante. El pastel que se disputan los sabuesos puede convertirse en un triste lacasito a poco que nos descuidemos, desplazado el objeto de atención de las pantallas hacia otros parámetros.

Rosa María Mateo se enfrenta en realidad a algo muy gordo: alejar RTVE de la obsolescencia. Ese va a ser su principal cometido, y con ella, el del nuevo Consejo de Administración del ente que surja del resultado del concurso que se está llevando a cabo al efecto. El mismo concurso es ya un esperanzador signo de renovación, pues reclama a una parte de los participantes no solo experiencia profesional en la comunicación sino un plan concreto y detallado de su propuesta estratégica para la renovación y evolución de RTVE. El problema no es el control de las fuerzas políticas parlamentarias, la cuestión es salvar la televisión pública de la irrelevancia en medio de la alianza entre los públicos que reclaman formas de entretenimiento coherentes con la autocomunicación de masas y su consiguiente narcisismo y las empresas privadas que usan bienes públicos para amasar pan para hoy y hambre para mañana. Porque esta televisión que vemos hoy no existirá dentro de diez años.

12 dic. 2018

No és manera d’acabar l’any

Francesc Ràfols
Som a les acaballes del 2018 i des del dret a la informació s’han acumulat les males notícies. I en molts àmbits. Primer, comencem pels mitjans públics. A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’ha viscut un tripijoc entre quatre grups parlamentaris per repartir-se les cadires del Consell de Govern de la CCMA. La secció sindical de l’SPC a TV3 ho ha titllat d’«estafa a la ciutadania» i ha mostrat la «decepció davant dels incompliments de diversos grups parlamentaris, especialment dels qui en èpoques passades s’havien compromès amb models de gestió democràtica, no governamental i no partidista, de la radiotelevisió pública que hauria de ser de tots». També han fet crítiques contundents el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el consell professional de TV3 i la secció sindical de CCOO a la cadena.

El preocupant de tot plegat, però, és com assenyala l’SPC, que «no
Imatge de l'espai que el canal públic basc  ETB va dedicar a l'agressió
que va patir el fotoperiodista Jordi Borràs.
només es tracta del pacte pel repartiment de llocs al Consell de Govern, on per força calia comptar amb la col·laboració d’altres grups, sinó que aquest comportarà la distribució privada i en cremallera, entre JxCat i ERC, dels principals càrrecs de la Corporació: directors de la tele i la ràdio i caps d’informatius respectius, tots en mans de professionals de confiança del Govern». És a dir, que malgrat les bones paraules de molts, que defensen en privat la necessitat de millorar les emissores de la Generalitat, els mitjans públics catalans seguiran depenent de l’Executiu. Això és un pas més per quedar-se a la cua, no només d’Europa pel que fa a democratització dels mitjans públics, sinó també de l’Estat espanyol, especialment si ho comparem amb RTVE.

Tancar Canal Sur?

No s’ha arribat a l’extrem que a Andalusia han llançat els líders de Vox, amb el suport de dirigents del PP, després de les eleccions del 2 de desembre, de tancar Canal Sur, proposta que també ha rebut el rebuig de diversos sectors professionals. El Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) recorda que la RTV pública andalusa «fa 30 anys que està donant veu a sectors i territoris andalusos que en altres mitjans no tenen cabuda perquè no donen audiència o, simplement, no són rendibles econòmicament». Cal recordar que abans d’aquests comicis el PP va donar suport a una nova llei audiovisual a Andalusia que no preveia en cap cas el seu tancament.

També a Canàries pinten bastos. La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries (UPCC), davant la negativa de Coalició Canària, el PP i l’Agrupació Socialista de Gomera a convocar un concurs públic per al seu Consell Rector, afirma que «els interessos de la televisió pública autonòmica, un cop més, queden a expenses dels interessos polítics». I a les Illes Balears, a IB3, el que no avança és que els treballadors que fan els espais informatius siguin contractats per la mateixa televisió pública en lloc d’estar subrogats en una productora. Aquesta és una de les màximes reivindicacions del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) que fa uns pocs dies va ratificar en un congrés davant el poc interès mostrat fins ara per les diferents formacions polítiques per afrontar aquesta qüestió. En aquest congrés, al qual vaig tenir el plaer d’assistir i que suposa un feliç rellançament de l’SPIB, es va elegir la periodista Maria Amengual com a nova secretària general.

Tot això fa que el secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Agustín Yanel, es pregunti, en un article publicat al digital encastillalamancha.es, «¿quan deixaran en pau les ràdios i les televisions públiques? Mentre els polítics segueixin controlant els mitjans de comunicació públics, per manipular-los a favor seu, estaran fent un greu dany a la democràcia i al dret a la informació de la ciutadania».

La 'llei mordassa', encara

Tot i les promeses de diversos partits en la darrera campanya electoral de modificar-la i fins i tot derogar-la, la llei de protecció de la seguretat ciutadana (LPSC), més coneguda com a 'llei mordassa', segueix sent on era. Des de la seva entrada en vigor, l’1 de juliol de 2015, l’Estat ha recaptat ja 270 milions d’euros. Centenars de persones denunciades i sancionades per unes disposicions jurídiques qüestionades per la pràctica totalitat d’organismes internacionals dels drets humans, començant per la mateixa Nacions Unides. El darrer d’ells és Juan Carlos Mohr, fotoperiodista madrileny, multat amb 2.000 euros per «desobediència o resistència a l’autoritat i negativa a identificar-se», segons ha denunciat el Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM).

Amb el nou govern de Pedro Sánchez s’ha començat a negociar entre partits la modificació d’alguns articles de la polèmica llei però a cada sessió de converses es perd un llençol a la bugada perquè cada cop sembla que s’hi faran menys canvis. Està encara en el seu procés de tramitació i caldrà veure com queda finalment però alguns detalls que es van coneixent no conviden a l’optimisme. Per exemple, fotografiar agents de policia podria seguir sent perseguible, cosa que contradiu la necessitat de respectar el dret a la informació. Una llei que va néixer de reacció de l’establishment a la mobilització del 15-M sembla que el nou 'establishment' vol seguir utilitzant-la gairebé en tots els seus preceptes repressius.

Tancament de webs sense ordre judicial

L’article 20.5 de la Constitució espanyola diu textualment: «Només es podrà acordar el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.» Ara sembla que això canviarà gràcies a un pacte polític entre PP, PSOE i Ciutadans que s’ha formulat a través d’una modificació de la llei de propietat intel·lectual. Aquestes tres formacions s’han posat d’acord per aprovar a la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats una reforma de l’LPI per la qual es permet el tancament de pàgines webs per part d’una comissió vinculada al Govern sense participació judicial. Aquests dies, la llei està en tràmit al Senat.

Diverses organitzacions, –entre les quals hi ha la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI), Facua-Consumidors en Acció, Associació d’Internautes, Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP), Associació Espanyola d’Economia Digital (Adigital) i Associació Espanyola d’Startups– han emès un comunicat en el qual rebutgen aquesta esmena «perquè afecta un dret fonamental com és la llibertat d’expressió» i també va en contra de l’article 20.5 de la Constitució citat.

Agressions a periodistes

Aquest 2018 també ha estat un any difícil a l’hora de cobrir esdeveniments a la via pública. A Catalunya, no només però sí principalment, en actes relacionats amb el que es coneix com el 'procés'. Hi ha hagut molts problemes per als professionals de diversos mitjans, especialment fotoperiodistes. El Grup de Periodistes Ramon Barnils n’ha fet una bona recopilació al portal media.cat. El darrer incident el va patir el fotoperiodista Albert Salamé, en la manifestació a Girona del 6 de desembre passat, en el decurs d’un acte convocat per Vox que va rebre la rèplica de col·lectius antifeixistes de la ciutat.

Un paper especial és el de l’extrema dreta –a vegades en forma d’agents de policia de paisà i fora de servei– on la impunitat de les seves accions és força considerable. Els periodistes Jordi Borràs i Xavier Rius Sant ho poden documentar força. Però també hi ha hagut incidents en altres punts de l’Estat. A Andalusia són freqüents les queixes pels problemes que les autoritats posen per al cobriment de l’actualitat vinculada a l’arribada de persones immigrades.

I, finalment, a França. En el marc de les mobilitzacions dels 'armilles grogues', també hi ha hagut dificultats per als professionals de la informació. A les manifestacions del 8 de desembre passat molts periodistes van ser encanonats i ferits per la policia, segons la crònica de 'Libération'. Els quatre sindicats de periodistes francesos van emetre un comunicat conjunt en el qual afirmen que «és totalment inacceptable, en un país democràtic i en un estat de dret, que els poders públics no garanteixin la llibertat d’informar» i han demanat ser rebuts pel president de la República, Emmanuel Macron.

I això sense oblidar als companys i companyes que aquest 2018 han perdut la vida simplement per fer el seu treball de periodista, crims que, com ha denunciat la FIP, nou de cada deu queden sense resoldre.

Seguirem…

Però només acabar d’escriure el post i publicar-lo ha esclatat el darrer episodi: La irrupció de la Policia Nacional en dos mitjans balears per incautar-se de diversos equips en el marc d’una operació contra la corrupció. La protecció de les fonts és un dret essencial dels professionals de la informació en una societat democràtica, cosa que sembla que alguns ignoren a la pell de brau… I encara queden 20 dies del 2018!