Jueces: el secreto profesional no se toca

Texto del manifiesto leído en las concentraciones que numerosos periodistas protagonizaron el pasado 14 de diciembre en varias ciudades para defender el secreto profesional, a raíz de la incautación de material a reporteros de 'El Diari de Mallorca' y Europa Press bajo la coartada de la investigación del 'caso Cursach':

Los periodistas consideramos imprescindible hacer partícipe a la ciudadanía y al Poder Judicial nuestra intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución producida en el

Concentración de periodistas ante el Tribunal Supremo, en Madrid.
(Foto: Juan Carlos Hidalgo)

'caso Cursach'.

En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos. Y eso es lo que ha ocurrido en el 'Diario de Mallorca' y en la redacción de Europa Press en Baleares.

El propósito de esa insólita actuación --el “volcado y estudio”, dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y 'pendrives' para descubrir a los supuestos autores de filtraciones-- nos parece del todo injustificado: el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación, que, si acaso, estaría castigado con una simple multa, representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece.

Creemos que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no pueden permanecer ajenos a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas.