Gabriel Jaraba
El día que Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, dio un puñetazo verbal sobre la mesa en su comparecencia ante la comisión de control del ente público (verbal pero puñetazo al fin y al cabo) todos los profesionales que hemos trabajado en la televisión nos sentimos, perdonen por la expresión, vengados. La periodista Mateo vino a decir lo que dijo una vez el presidente de la Primera República, Estanislao Figueres: “Estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Pero con mejores modos y en segunda persona del plural. Y al decirlo resumió con claridad meridiana el principio y el fin de todas las políticas públicas de comunicación relativas a la televisión y la radio que son capaces de concebir los políticos de las Españas, y digamos de paso, de las Catalunyas.
Mateo describió el punto en que confluyen esas políticas en un momento de su intervención que recoge un vídeo muy difundido, y que reproduzco aquí:
“Yo vengo aquí a decir la verdad, y cuando digo la verdad, es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, soy independiente y
nadie me ha de dar órdenes. Nadie, porque no se lo consiento. Yo creo que a todos ustedes, y ya me perdonarán, les importa muy poco la televisión pública, solo les importa cuando la pueden controlar. Y eso es intolerable, esto ha pasado desde que yo entré el año 66, con el dictador aún vivo y entonces lo que había era censura. Y después ha habido manipulación. Los trabajadores de TVE estamos un poco cansados de todos los políticos. Ustedes me han dicho, señores del Partido Popular, que yo he entrado en esta cámara por un golpe de dedo. He de decirles que el golpe de dedo fue el señor Sánchez al que solo han votado ustedes. No me ha llamado por teléfono Podemos, no soy podemita, no soy socialista, no soy nada, soy una ciudadana que tiene unas creencias determinadas, y sobre todo una ciudadana que cree en la libertad de los seres humanos”.
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| Rosa María Mateo, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. |
No me dirán que no se quedó descansada.
El derecho democrático a la información está en juego
La batalla por unos medios de comunicación públicos que sirvan al interés de los ciudadanos y su derecho democrático a recibir y emitir información veraz y fiable no puede ser un rifirrafe más en comisión parlamentaria. A estas alturas, la necesidad de ese servicio es, no ya evidente, sino escandalosamente urgente en un país en el que la prensa se ha convertido en su totalidad en prensa de partido, como en el siglo XIX y los inicios del XX, aunque con la particularidad de no declararse como tal, para mayor escarnio público. Por eso es imperativo que los medios públicos cumplan con su obligación fundacional y constitucional de ser garantes de los derechos cívicos relativos a la información. Mateo es consciente de tales necesidades y obligaciones y se pone al frente de la tarea en tanto que, oh rareza, profesional de TVE nombrada para ello.
Obsesionados con el control político de la radiotelevisión pública, los políticos, todos ellos sin excepción, han perdido de vista no solo la complejidad de su situación sino la gravedad del caso. Confían tanto en el enorme poder de la estructura y audiencia de RTVE que la creen a salvo del extraordinario tsunami comunicacional que estamos viviendo sin casi darnos cuenta. Porque no nos encontramos ante una crisis de la prensa impresa o la dificultad de afrontar las 'fake news' o seudonoticias engañosas. Nos hallamos ante el inicio del trastocamiento completo de la comunicación en todo el mundo y de la mutación completa de la estructura informativa global y sus relaciones con la sociedad, en la medida que es la propia democracia la que se va a conmover hasta sus cimientos.
Teles privadas sin obligaciones públicas
Los destinatarios del rapapolvo de Rosa María Mateo están mentalmente en los años 80 y 90, a excepción de que las licencias para las cadenas privadas ya han sido repartidas, con lo que todo el pescado está vendido y solo queda amarrar al pez gordo del sector público. Tanto se ha retrocedido en este sentido que incluso nos hemos acostumbrado a creer que la televisión privada está exenta de obligaciones públicas, cuando existe una diferencia harto sensible entre las condiciones en que las televisiones privadas desarrollan su negocio y aquellas en las que lo llevan a cabo los periódicos editados por particulares.
Esa diferencia es muy concreta y singular: los diarios privados son impresos en papel adquirido por las empresas y distribuidos por medios que ellas pagan; las radios y televisiones privadas emiten, en cambio, gracias a la utilización del espacio radioeléctrico, que es un bien público, en absoluto privado y no privatizable, sino usado bajo concesión; sus ondas salen al aire después de que las empresas han obtenido la licencia del Estado para utilizar el espacio radioeléctrico público, es decir que consiguen ganancias que van a bolsillos privados por emplear un bien público que es de todos, un espacio que debe ser necesariamente administrado y regulado mediante normas de interés público y su cumplimiento legal. Y esto conlleva obligaciones referentes al derecho público a la información. Busquen ustedes signos de preocupación al respecto en los organismos parlamentarios por lo que hacen la COPE o La Sexta y átenme ustedes esa mosca por el rabo.
Sin embargo, he aquí que la gestión de la televisión por parte de los últimos gobiernos de España, tanto de derecha como de izquierda, ha conducido a un duopolio de facto en el sector privado ante lo cual no hay voz pública que rechiste, y ha mantenido a la radiotelevisión pública constreñida a un modelo de gestión estatalista y dirigista. Ese modelo es tan regresivo que ni siquiera ha evolucionado –por decirlo de algún modo— hacia el modelo italiano de los 80, la 'lottizacione' o reparto de la programación de emisoras y canales entre las diferentes fuerzas parlamentarias. A observar que ese es el último estadio del recorrido de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, a la que se traslada automáticamente el estado de la relación de fuerzas entre las formaciones independentistas gobernantes (en la Catalunya de los 90 se consideraba que la 'lottizacione' era el medio más eficaz para taponar cualquier vía de salida para la ventilación pluralista de la RTV pública, y ahora todos lo aceptan como un sino ineluctable más).
El dinosaurio no siempre estará allí
Lo que está en juego respecto a la televisión en España no es ya dirimir el modo de controlar la televisión pública y de seguir el recorrido de la televisión privada para que no se produzcan trapacerías financieras; no es un problema de cuotas de influencia de partidos y su reflejo en el consejo de administración y la comisión de control parlamentario, por parte pública, ni del número y alcance de las licencias de las cadenas privadas y la composición de su propiedad. El asunto es algo que no se huelen ni políticos ni comentaristas de la actualidad política, y es lo que trato de explicar a continuación, que está motivado por la naturaleza del presente tsunami comunicacional que va mucho más allá de cualquier crisis de medios y que afecta la civilización entera.
La misma decadencia que la prensa escrita
¿Y si un día, al despertar, el dinosaurio ya no estuviera allí? ¿Y si hubiera desaparecido esa televisión hasta el momento omnipresente, omniabarcante y poco menos que omnipotente? Se cuestiona el futuro de la prensa impresa, se teme por la posible desaparición de los periódicos, se especula sobre las sorprendentes formas que puede adoptar la información en internet y sin embargo no se contempla que la televisión pueda sufrir una mutación de una envergadura no menor. En cambio, muchos sospechamos que la televisión generalista que hemos conocido hasta ahora se verá abocada, más pronto que tarde, a unas transformaciones tan profundas que podrían someterla a riesgos semejantes a los que afronta ahora la prensa diaria.
Lo ha dicho Richard Sambrook, profesor de Periodismo de la Universidad de Cardiff (País de Gales): “Existe el riesgo de que el periodismo televisivo sufra el mismo declive que la prensa escrita”. Es todo un modelo comunicacional coherente el que está hoy en cuestión y no solo una parte de él; no es que la red amenace ahora a la prensa como antes pareció hacerlo la televisión; es que existe una transformación profunda de hábitos, preferencias y modos de relacionarse con la comunicación que alcanza también a la televisión generalista. El actual auge de las series de ficción no sólo ha suplantado a las superproducciones de Hollywood a causa del inmovilismo del sector de la gran cinematografía sino que es el heraldo de un nuevo tipo de audiovisual cuya naturaleza desconocemos pero en el cual va a ser muy difícil que sobreviva la televisión informativa a la que estamos habituados y en la que se centran las tensiones a cara de perro en las comisiones de control parlamentario.
En los años 80 parecía que el futuro de una tele en libertad pasaba por la creación de cadenas informativas especializadas como la CNN; hoy día esta forma parte del gigante comunicacional Time Warner-AOL y Euronews es un espectro irrelevante. El pastel que se disputan los sabuesos puede convertirse en un triste lacasito a poco que nos descuidemos, desplazado el objeto de atención de las pantallas hacia otros parámetros.
Rosa María Mateo se enfrenta en realidad a algo muy gordo: alejar RTVE de la obsolescencia. Ese va a ser su principal cometido, y con ella, el del nuevo Consejo de Administración del ente que surja del resultado del concurso que se está llevando a cabo al efecto. El mismo concurso es ya un esperanzador signo de renovación, pues reclama a una parte de los participantes no solo experiencia profesional en la comunicación sino un plan concreto y detallado de su propuesta estratégica para la renovación y evolución de RTVE. El problema no es el control de las fuerzas políticas parlamentarias, la cuestión es salvar la televisión pública de la irrelevancia en medio de la alianza entre los públicos que reclaman formas de entretenimiento coherentes con la autocomunicación de masas y su consiguiente narcisismo y las empresas privadas que usan bienes públicos para amasar pan para hoy y hambre para mañana. Porque esta televisión que vemos hoy no existirá dentro de diez años.
Entiendo que los medios privados tienen obligaciones con el derecho a la información muy similares a las de los medios públicos; por lo menos con el sujeto de su materia: la información. Esta es un bien público y, por lo mismo,, propiedad de la ciudadanía. Cada uno de nosotros somos los dueños; por lo tanto es de nuestra capacidad la exigencia de controlarlos.
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