Dardo Gómez*
El Gobierno español ha decidido dar un tímido paso para disponer de herramientas con que poner freno a las noticias falsas que atentan contra los derecho a la verdad y a la información de la ciudadanía; pero eso ha despertado la ira de la prensa de las cavernas y de los sectores menos evolucionados del profesionalismo periodístico.
Tras largos meses de asedio a la salud democrática y de atentar contra el derecho a la verdad tanto como al derecho a la información de la ciudadanía, el Gobierno español ha decidido dar un tímido paso para disponer de herramientas con que poner freno a las noticias falsas.
Una auténtica lacra que ha sido denunciada por toda la comunidad 
europea y que preocupa a todos los organismos que se ha dado Europa para velar por los derechos de la ciudadanía. Cualquiera que se haya interesado en los últimos años por el desaforado crecimiento de estas peligrosas prácticas ha podido comprobar que estamos ante un tsunami de desinformación que está alterando las relaciones sociales y la convivencia civilizada entre los humanos.
Desconozco si el actual Gobierno hubiera estado dispuesto a intervenir en este desmadre informativo si no nos enfrentáramos a esta pandemia que nos asola y si no estuviéramos comprobando que los inventores y difusores de noticias falsas no han tenido el menor reparo en utilizar sus sucias armas para generar más desasosiego.
Algo me dice que no lo hubiera hecho; ya tiene la coalición gobernante suficiente problemas como para meterse en más charcos. Yo lo sé y ellos no podían ignorar que con el anuncio de medidas para combatir la desinformación orquestada por las redes y fomentada por algunos medios se iba a levantar la polvareda que se ha levantado.
Algo que, a mi juicio, es totalmente desproporcionado; ya que todas las reacciones (salvo las bobadas que han soltado las cúpulas de PP y Vox) responden a un previsible mal uso de una posible normativa de la cual aún no se conocen sus alcances reales ni como se va a aplicar.
Recomiendo, si tienen ganas, la lectura en el BOE de la orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
Allí se dice que el objetivos de las acciones y procesos que se aplicarán han de contribuir a “mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido”.
Además, dice que esas acciones de la nueva norma han de apoyar “el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública”.
No hay, por lo menos para mí, nada que reprochar en esa intención y para su cumplimiento se anuncian estos objetivos:
-Identificar y definir los órganos, organismos y autoridades del sistema.
-Establecer los niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta, y evaluación.
-Describir los cometidos específicos implicados para los niveles establecidos en la lucha contra la desinformación.
-Definir los mecanismos establecidos para el intercambio de información en los niveles estratégico, operacional y técnico.
-Determinar los mecanismos de evaluación de la implementación y funcionamiento del procedimiento.
-Definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos.
Aquí hay que decir que nada de esto se lo han inventado el dúo Pedro Sánchez-Pablo Iglesias, simplemente han hecho un copiar y pegar de las recomendaciones que los equipos de expertos de la Comisión Conjunta --hace ya dos años-- hizo llegar al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Recomendaciones que se han materializado en el European Democracy Action Plan donde se señala, precisamente, todo lo que ahora impulsa el Gobierno español.
No y no, porque lo digo yo...
Por lo tanto, todas las previsiones maléficas que nos anuncian las organizaciones vinculados a la industria periodística --que quieren poner la venda sobre una herida inexistente-- no tienen ninguna razón objetiva. Ellos sabrán por qué otras razones actúan así.
El departamento encargado de la seguridad nacional asegura que no será su función determinar si hay noticias falsas en los medios de comunicación, sino que trabajarán en detectar las campañas orquestadas por terceros y seguirles la pista. Además, asegura que no se analizarán cuestiones de la política interior sino que se focalizarán en aquello que pueda dañar la seguridad del país.
Sin embargo, contra este proyecto se han desatado respuestas que no responden a nada de lo que no está formulado en la propuesta del Gobierno y, por otro lado, han aprovechado para asegurar como verdades cosas que no lo son y atribuirse capacidades que estas organizaciones no tienen ni nunca se les ha concedido.
Como tantas veces, estas mentiras se amparan en que la mayor parte de la ciudadanía no ha leído lo publicado en el BOE ni, seguramente, lo leerá sino que se desinformará por las versiones interesadas.
El resultado será la organización de debates y de manifiestos sobre lo que no existe; más o menos como se suele hacer en las tertulias televisivas que tantas veces han estado al servicio de las “noticias falsas” o que bajo el falso pretexto de la pluralidad informativa se han mostrado dispuestos a servir de altavoz de las mentiras y han brindado sus espacios a los creadores de ellas, sin siquiera advertir a los televidentes de la catadura de los personajes que invitaban.
En España, desde hace años y como si nada hubiera pasado en los últimos cuarenta años en el mundo de la comunicación se siguen afirmando necedades y manteniendo como verdades de fe conceptos que la ciudadanía mundial de este siglo ya no reconoce.
No importa; ellos seguirán erre que erre creyendo sus propias mentiras.
Los que vienen a hablar de su libro
Esta pseudopolémica surge en un momento en el cual la confianza de la población en la información que le ofrecen los medios, en general, está en su nivel más bajo y cuando esa falta de confianza se ha cebado en los medios más tradicionales. Algo que se ha hecho evidente con el continuado descenso de sus lectores en todo el mundo.
Un varapalo merecido si atendemos a su participación en las campañas de desinformación como ha reconocido el informe 'Ética periodística en la era digital' del International Center for Journalists que, analizando la posverdad se pregunta: ¿tuvo que ver algo el periodismo en este ocaso de la verdad?
Toma como casos de ejemplo la penúltima elección estadounidense que llevó a la presidencia a Donald Trump y el proceso que culminó con el Brexit; en el primero señala: “Las medias verdades o las mentiras se convirtieron en herramientas electorales de uso corriente. Estas mentiras fueron aceptadas por el público elector y encontraron un eco sin crítica en los medios periodísticos impresos y electrónicos. El periodismo se limitó a la reproducción de esas mentiras, las que fuesen, y negó al público la ayuda informativa que se le debía”.
En el caso del Brexit señala que se produjo “el mismo manejo abusivo de la verdad En cada caso una prensa que abandonó su función crítica y que, por tanto, fue manipulable, y contribuyó al imperio de la postverdad”.
Cualquiera de estos análisis son igualmente válidos para nuestra prensa: por lo mismo, uno se pregunta a que viene la “profunda preocupación” que dice sentir la Asociación de Medios de Información (AMI) (la patronal de prensa) por la norma aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
Según estos editores, “este procedimiento podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el 'derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción'.”
A los de la AMI se les ha olvidado agregar que el apartado d) de ese mismo artículo de nuestra Carta Magna señala entre los derechos protegidos el de “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Puede que cualquiera de las tres menciones les produzcan urticaria.
Es que ellos nunca entendieron que la libertad de informar viene asociada a la de la ciudadanía a recibir información sea veraz; es decir, que quién la emite pueda demostrar que ha hecho todos los intentos posibles por acercarse a la verdad. Es decir que lo que ellos ridiculizan como “ministerio de la verdad” sería, realmente, de la veracidad.
Además, en un exceso de prepotencia los patronos de la prensa protestan porque “en ningún momento” fueron informados que se estaba preparando este procedimiento; hay que advertirles que sus derechos no son mejores que los del resto de la ciudadanía y que ellos son partícipes del derecho a la información, pero que su propiedad es de la ciudadanía. Ya está bien de tanta insolencia repetida...
Los profesionalistas atacan de nuevo
La conocida como Red de Colegios de Periodistas nos tiene acostumbrados a sus inconsistentes y antojadizas demandas y era de esperar que se sumara al lamento de la patronal con su reproche por “excluir a los profesionales de la información del diseño e implementación de su estrategia contra la desinformación”.
Avanzando en sus delirios sostienen que la disposición gubernamental “nunca debió publicarse sin haber recabado antes la opinión de los profesionales de la información, cuya representación legal corresponde a los Colegios de Periodistas en su condición de corporaciones de Derecho Público”.
Contengamos la risa y vayamos por partes. Casi todos los estudios al respecto señalan la necesaria complicidad de los medios y de muchos de sus profesionales en la labor de desinformar. En el resumen de conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación de la Comisión Europea, los expertos que realizaron el estudio coinciden en que “la mala praxis de algunos periodistas, que recientemente ha salido a la luz, también tiene el potencial de socavar la credibilidad y, como consecuencia, la viabilidad del sector a largo plazo”.
No sé si es recomendable confiar al zorro la seguridad de las gallinas...
Luego viene la cantinela de que son los representantes de los periodistas; habrá que volver a aclarárselo: señores decanos de las reconvertidas asociaciones de la prensa, vosotros no representáis más que a vuestros colegiados; el ejercicio del periodismo es libre y nadie tiene que estar colegiado para recabar y difundir información.
Sé que estáis empeñados en denegar a los ciudadanos españoles su derecho a informar y ungir a los licenciados en periodismo en los únicos con mandato divino para informar pero, de momento y creo que por mucho tiempo, a los que nos dedicamos a trabajar en esto de comunicar --aquí y en toda Europa-- solos nos representan legalmente los sindicatos que son quienes suscriben nuestros convenios laborales y bajo cuyos paraguas nombramos nuestros representantes dentro de las empresas de medios.
Ya está bien de majaderías...
Está claro que podría y debería ser mejor
Entiendo que nos enfrentamos a dos verdades necesarias, la de poner coto al desmadre de la difusión de mentiras como si fuera información y, por otro lado, la lógica cautela de quienes creemos en la libertad de información y a los que siempre nos preocupa que este tipo de iniciativas legales --aunque justificadas-- puedan sujetarnos hasta el ahogamiento si no se aplican con rigor democrático.
Por lo mismo, coincido con las palabras del presidente de la Fape, Nemesio Rodríguez y del secretario general de la FeSP, Agustín Yanel. El primero advierte de que “el principal peligro es que ese comité sea utilizado con fines políticos, dada su dependencia gubernamental", y, de forma paralela, aporta: “La desinformación supone una clara amenaza a los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información".
Yanel, por su parte, considera que "adoptar medidas contra la desinformación es positivo" y añade que "de momento hay que ser prudentes y esperar a ver cómo se concreta en la práctica el procedimiento de actuación que ha aprobado el Consejo de Seguridad Nacional". Asimismo, destaca que en el plan aprobado "prevé la participación de los medios de comunicación, plataformas digitales, oenegés y el mundo académico como parte esencial para combatir la desinformación" y entiende "que los medios colaboren para erradicar las informaciones falsas, no controlarlos" y para ello ve imprescindible la participación de la sociedad civil en los nuevos organismos.
Creo que en esto último está la clave; las responsabilidades del Estado de proteger a su ciudadanía no son una opción sino una obligación positiva a la que no deben renunciar sin prevaricar. Sin embargo, aunque hubieranse generado polémicas similares, podría haberse creado una autoridad independiente más próxima a los consumidores de información. Es decir, contando con el respaldo de la única y legítima propietaria del derecho a la información: la ciudadanía.
Recordemos lo que señala el Código deontológico del periodismo del Consejo de Europa: “La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados”.
Claro, clarísimo...
*Artículo publicado en la revista 'El Observador' de Málaga.
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