Manuel López
Hay alarma entre los empresarios del sistema de comunicación periodístico de España. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está preparando una ley para asegurar la participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las compañías.
Ni más, ni menos. ¡Sentar a trabajadores en los consejos de administración¡
Pero no nos alarmemos, hay precedentes internacionales y europeos.
Todo surge a raíz de los numerosos cambios en la propiedad que en los últimos tiempos está afectando a periódicos, televisiones y emisoras de radio. De los digitales no sabemos casi nada, porque su opacidad es absoluta.
En 'El País', por ejemplo, hay un constante trasiego de noticias
sobre quien acabará mandando en el consejo de administración. El actual presidente, Joseph Oughourlian, recibió numerosas críticas el año 2021 porque señaló, a su juicio, la mala gestión realizada por su antecesor, Juan Luís Cebrián. Este sigue teniendo un gran poder en el grupo Prisa y no es de extrañar que sus acólitos le defiendan en la redacción y en el consejo de administración.
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| Joseph Oughourlian y Pedro Sánchez. (Archivo) |
Los cambios en las empresas generan numerosos problemas sociales, económicos y periodísticos. No es lo mismo que 'El País' sea un diario de centro-izquierda, como pretende Oughourlian, que uno de centro-derecha, como ha acusado éste a Juan Luís.
¿Y la redacción ha tenido algo que decir? Nada de nada.
La pretensión de la izquierdista Díaz intenta, ni más ni menos, que los trabajadores se sienten en el consejo de administración de las empresas, al menos en las grandes empresas.
¿Qué se conseguirá con esto? Se espera que las decisiones empresariales tengan en cuenta los intereses de los trabajadores, y que se tomen decisiones teniendo en cuenta a quienes elaboran el producto día a día. Además, los periodistas podrían vigilar la aplicación de métodos éticos en la toma de decisiones empresariales y seguir, día a día, ese proceso.
El mejor precedente para este tipo de gestión nos llega de Alemania. Acabada la segunda guerra mundial se vio claro que Hitler había tomado el poder y llevado su país a la guerra, y a la ruina, por y gracias a la aportación de los grandes empresarios alemanes. Se tomaban decisiones de un día para otro sin contar con nadie más que con algunas decenas de personas que tenían algún cargo en los consejos de administración.
La participación de los trabajadores alemanes en la toma de decisiones empresariales se denominó Ley de Cogestión, que regula la participación de los empleados en las decisiones de planificación, dirección y organización de las empresas. Los trabajadores están representados en los consejos de vigilancia por delegados de los trabajadores y asalariados, empleados de alta dirección y del sindicato.
Con este tipo de participación se asegura la paz social en el interior de las empresas y que la producción sea consecuencia de una buena política empresarial. Esto no significa que haya huelgas cuando los sindicatos lo consideren necesario para defender sus derechos.
Pero hay más. Este tipo de participación está defendido y explicitado por el Código internacional de ética periodística (Unesco).
Según las conclusiones del Fourth Consultative Meeting of International and Regional Organizations of Journalists en París el 20 November 1983, referente a la integridad profesional del periodista: “El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado”.
Naturalmente, ese código ha sido obviado en todas las publicaciones. A lo máximo que se ha podido acceder es a los comités profesionales de empresa, que tienen la potestad, formalmente, de dar su opinión sobre las decisiones editoriales de su medio o de votar --sin poder decisorio-- en la selección de la dirección.
Otro debate, el registro
Los empresarios españoles, especialmente, están, además, preocupados porque el Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que determina la obligatoriedad de crear un registro de transparencia de los medios que controlará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Habrá multas sancionadoras no demasiado elevadas, pero sí pondrán en evidencia la auténtica situación de los medios.
Se intenta evitar la concentración de medios que puede llevar al monopolio del sector. Y se quiere que las decisiones editoriales se tomen libremente en los medios, y dentro de la línea editorial del medio para garantizar la divulgación de los conflictos de intereses que puedan existir.
Todo esto significa que la profesión de periodista podría alcanzar un nivel superior de calidad al participar en la toma de decisiones y que el Estado controlaría el funcionamiento ético de las empresas.
