Dardo Gómez
Meses atrás, en cuanto supe que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación era una realidad inminente os dije cuáles serían, a mi pobre criterio, las voces que se alzarían contra su implantación en España. No me he equivocado por mucho y casi he dado en la diana.
No soy más listo que nadie pero es que tampoco la caverna mediática se ha adecentado mucho en los últimos decenios y sigue esgrimiendo sus mismos pretextos tramposos para negarse a cumplir con sus responsabilidades sociales como medios o como informadores.
Señalaba en mi último artículo que pretender que esa implantación era un arma arrojadiza del presidente Pedro Sánchez era un embuste consciente de quienes lo dicen y que todos los protagonistas, desde los partidos políticos a las organizaciones de informadores y las empresas de medios conocen desde hace muchos meses cómo se desarrollaba esta iniciativa europea que, ahora, es norma obligada de todos los países miembros de la UE.
Por lo mismo, carecen de total seriedad algunas de las voces airadas ante el anuncio del Gobierno de las propuestas del Plan de Regeneración Democrática, tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros. El principal partido de la oposición, sin darse tiempo para alegar que había estudiado la propuesta, se lanzó en tromba sobre ella para denunciar la absurda intención del presidente de pretender controlar la prensa o censurar los medios.
Digo que es absurda la acusación porque casi la totalidad de las medidas propuestas emanan del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación y en un alarde de amnesia dudosa el PP no recuerda que sus eurodiputados también votaron a favor del Reglamento.
El peso de la lógica ha provocado ya algunas fisuras en el bloque negacionista y una de las más importantes es la provocada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Una agrupación que siempre ha sido más bien conservadora y siempre corporativista en lo profesional reconoce que el plan anunciado “tiene que ver con la transparencia, la pluralidad de los medios, el sistema de financiación y la independencia de los periodistas en el ejercicio de su trabajo” y espera, señala, que “se aplique con rigor para salvaguardar el derecho a la información veraz que recoge el artículo 20 de la Constitución española, un pilar fundamental para garantizar la democracia y el Estado de derecho”. La FAPE saludó en su momento la aprobación del reglamento y dice que “espera que el camino que se inicia con la aplicación del reglamento europeo consiga frenar el avance de la desinformación y permita fortalecer un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, independientemente de la línea editorial del medio”.
A las denuncias de algunos diputados del Partido Popular se les puede trasladar esta consideración de la misma federación: “Es importante destacar la intención del Ejecutivo de establecer unos criterios que definan qué es un medio de comunicación, en un marco jurídico y formativo que garantice tanto el acceso a la información veraz de la ciudadanía como las condiciones en las que desarrollan su labor los profesionales de estos medios”, y agrega que “apoya la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, que incluyan sistemas de medición de audiencia como parámetro objetivo en la concesión de ayudas públicas a través de inversiones vía publicidad. Estos criterios redundarán, sin duda, en un reparto más transparente, justo y proporcional de las inversiones públicas, favoreciendo la pluralidad a la que tienen derecho los ciudadanos”.
Que el mensaje no se vulgarice
Supongo que una de las intenciones de la oposición, incluyendo a Vox, y de la patronal, que añade gasolina, es tratar que el debate no alcance el nivel que se merece por la importancia de las medidas que se proponen y que harían a la comunicación española abandone el espacio de atraso al que ha estado sometida.
Por suerte, algunos profesionales ajenos a la caverna no han tardado en ponerse la ropa de faena y han salido a defender que la dignidad en su trabajo sea respaldada desde la ley; aunque señalando alguno de los puntos que pueden desestabilizar la norma.
Virginia P. Alonso, directora de 'Público', ha opinado que “Uno de los puntos más controvertidos es el registro de medios, que haría pública la información sobre la propiedad de éstos y la cantidad de dinero que reciben de las instituciones públicas. Muchos medios digitales conservadores, que han sido beneficiados con grandes sumas de publicidad institucional, se oponen a este nivel de transparencia. Portales como 'OkDiario', 'The Objetive' o 'El Debate' han recibido importantes cantidades de dinero por parte de gobiernos regionales del PP.
Resulta curioso que estos medios, que suelen criticar duramente el gasto público y la intervención estatal, ahora muestren reticencia a que se haga público el dinero que obtienen de estas mismas fuentes. La medida pretende limitar la dependencia de ciertos medios de las instituciones públicas, pero los portales conservadores parecen más preocupados por el impacto que esta revelación pueda tener en su imagen y financiamiento”. Acertada reflexión.
Mientras tanto, el ministro Ernest Urtasun insiste en que las funciones de autoridad de la información que reclama la normativa europea (y la decencia) se deben asignar a la ineficaz hasta ahora Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque señalando alguna reconversión de la misma que, opino, sería mucha reconversión o más bien hacerla de nuevo desde de su nombre.
A este respecto ha sido de tajante elocuencia el secretario general de Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, que en declaraciones a varios medios recordó que gran parte de las medidas anunciadas hace decenios que son reclamadas por esa organización y agregó: “La CNMC no es la autoridad reguladora independiente de los medios que pide Europa”.
Yanel, que ha reiterado el apoyo de la FeSP a la implementación del reglamento, ha marcado que para su organización no es aceptable que el Gobierno quiera dar más competencias a una sección de la CNMC para que sea la autoridad reguladora del sector, en vez de crear un Comité o Consejo de Medios de Información para que forme parte del Consejo Europeo, financiado con fondos públicos pero que deberá actuar "con plena independencia", tal como prevé el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
Aunque en estos avatares también abundan los oportunistas que evidencian lo peligroso del fuego amigo: me refiero a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicién, quien aseguró ante la Comisión de Economía del Congreso que, si su negociado recibe el mandato de elaborar el necesario registro de medios de comunicación, ejercerá su nueva función con responsabilidad, rigor técnico, independencia y compromiso. Le niego una de las cuatro mencionadas; es imposible alardear de independencia cuando se ocupa un cargo nombrado a dedo.
Aunque en su descargo podemos decir que en la misma ocasión admitió no conocer “el alcance ni el contenido” de la función que tan eficazmente se compromete a cumplir si se lo mandan. Lo dicho: cuidado con el fuego amigo.
Artículo publicado originalmente en la revista 'El Observador'.
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