Dardo Gómez
En mi último artículo anunciaba la buena y esperanzadora nueva de que el Consejo de Europa había anunciado la vigencia del recientemente sancionado Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Además, señalaba que la norma era de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea y que se había de trabajar para su inclusión en el cuerpo legal español. De paso, señalaba que de su primera lectura se desprendía que el nuevo reglamento satisfacía gran parte de las reivindicaciones históricas de la información democrática.
Entre esos bienes democráticos la normativa habla de regular la
transparencia en la distribución de la publicidad institucional a los medios, generar una autoridad de la información como ya existe en muchos países europeos, luchar contra la concentración de medios y adecentar los medios públicos. Todo muy loable y deseable en una democracia que quiere serlo y que nuestro sistema comunicacional va laminando cada día.
Por esas cosas que acompañan a los años y que llaman experiencia o, quizá, porque sea verdad que “sabe más el diablo por viejo que por diablo” cerraba ese artículo aventurando que habría quien pretendería "subirse al carro de la “regeneración”, aunque mucho me temo que sea para poner palos en las ruedas”.
No era mi intención llamar a la tormenta, pero era iluso pensar que no tardarían en llegar los nublados y los truenos. Mis fuentes me aseguran que ya están aquí, y que los carroñeros ya sobrevuelan a las presas del arco parlamentario español que les parecen de más fácil digestión. Seguramente, ansiosos de hallar entre los nuevos legisladores algunos dispuestos a hacer un “barroso” y confirmarles la permanencia de sus privilegios sobre los derechos de la ciudadanía a la información.
Los mismos enemigos del pueblo de siempre
De momento, los que me dicen que han movido ficha son la Asociación de Medios de Información-AMI (patronal de la prensa), la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto-Uteca (patronal del audiovisual comercial) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial-AERC. Es decir, lo mejor de cada casa y que tienen sus espurios motivos para intentar posicionarse ya que una de las iniciativas que deberían desprenderse de la implantación del reglamento europeo es la instauración de una autoridad de la información independiente. Que bien podría ser una autoridad de tipo federal, con representaciones en cada autonomía o autoridades autonómicas de independencia real. Ya es así en muchos países avanzados de Europa.
Esto es muy importante para terminar con el engendro que nos legó la Administración Zapatero para vigilar la aplicación de una ley del audiovisual, que bien podríamos definir como de la concentración del mercado audiovisual. Ley hecha al dictado de la Uteca y con una nonata e ineficaz autoridad del audiovisual encerrada en un pasillo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo de su encierro es obra de la Administración Rajoy.
Con estos antecedentes de actuaciones y colaboraciones entre PSOE y PP para ahogar el derecho a la información es para preocuparse y/o echarse temblar cuando uno se entera que los lobis de las patronales de los traficantes de información ya estén tanteando a sus ministros y diputados; descartando que también podrían estar haciendo la pinza con algunas organizaciones profesionalistas del periodismo que siempre han estado dispuestas al seguidismo de las patronales y que podrían sumarse a este nuevo intento contra la democracia.
Los malos no me preocupan, sino los buenos
Martin Luther King dijo alguna vez “no me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos”; yo pienso lo mismo porque a estos malos ya los conozco de pequeños y ya no me sorprenden sus actitudes taimadas. En cambio sí me resulta inquietante que los responsables de formalizar esa implantación de la norma europea vuelvan a olvidarse de los sindicatos, que son los únicos representantes legales de los trabajadores de la información, y también preocupa que estas organizaciones no se muevan para reclamar ese espacio que les corresponde.
La excepción --por suerte siempre hay alguna-- está en la Federación de Sindicatos de Periodistas-FeSP cuya junta ejecutiva expresaba hace unas semanas que “el Gobierno debe regular sin retraso el derecho a la información” y avanzando en su comunicado encontramos que también le reclama “que inicie los trabajos para la aplicación puntual en España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, cumpliendo con rigor los plazos de entrada en vigor de esa norma de obligado cumplimiento en los países miembros de la Unión Europea.
Esta normativa comunitaria supone un notable avance en la garantía del derecho a la información de la ciudadanía y, ante las carencias que hay en España en este ámbito, representa un progreso importante con medidas concretas para garantizar el pluralismo y la independencia de los medios.
Echando mano de hemeroteca, la FeSP rescata que es obligación del Gobierno garantizar el derecho a la información de la ciudadanía que emana del artículo 20 de la Constitución y no de polémicas puntuales que han surgido últimamente en el panorama político español. España está a la cola de Europa en la regulación de este derecho humano universal y debe regularlo sin más dilación, como ya ha hecho con casi todos los derechos que corresponden a la ciudadanía en una sociedad plenamente democrática.
Y la FeSP avanza hacia espacios que otros ni siquiera han explorado al indicar que administración y legisladores deben avanzar en la normativa, ya vigente, para acabar con las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés de strategic lawsuit against public participation), que son una grave amenaza para la libertad de información y cuyos ataques ya han sufrido en España varios medios, periodistas, activistas y organizaciones civiles a los que corporaciones y políticos corruptos pretenden silenciar por miedo a esas demandas.
Adelante que somos más y los buenos
Es necesario que los dirigentes del resto de sindicatos, hablo de CCOO y de UGT, que alguna vez estuvieron alineados en la progresía de la información, recuperen el paso y se pongan a las órdenes de la ciudadanía. No en vano ambos sindicatos pertenecen a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y se espera de ellos que actúen en defensa de los intereses que impulsa la internacional y su homóloga europea (FEP) para todos los pueblos. Sobre todo en una normativa sobre la que FIP y FEP han estado muy atentas y han participado de forma muy activa en su tramitación.
También una advertencia y/o reclamo para el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que siendo eurodiputado participó activamente en la tramitación del reglamento y tuvo una actuación brillante para conseguir que se eliminara de su redactado final el capítulo que permitía el espionaje a periodistas. Tal vez no se hayan enterado, pero así se las gastan los malos.
Sería de agradecer que el ministro Urtasun tuviera alguna actuación para advertir a sus colegas de coalición que pueden hablar con la patronal, cómo no, pero que no les den la mano del 'peluco' porque, además, el 'peluco' no es de ellos sino de la ciudadanía.
Artículo publicado en la revista 'El Observador'.
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